GRANADA, 7 de enero.

Juana Rivas, quien fue condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores durante el verano de 2017 y que ha recibido un indulto parcial por parte del Gobierno de España, ha solicitado este martes a la Fiscalía Provincial de Granada que se tomen medidas de protección internacional para su hijo menor. Esto con el objetivo de evitar que el menor regrese con su padre tras las vacaciones navideñas en España.

La solicitud proviene de un hecho reciente: el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada se ha inhibido en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2, donde se ha abierto un procedimiento judicial tras una denuncia de violencia de género interpuesta por la madre de Maracena en contra del padre, el italiano Francesco Arcuri. Esta denuncia incluye peticiones de medidas cautelares para impedir que el niño viaje.

El despacho Aránguez Abogados, que representa legalmente a Rivas, ha emitido una nota de prensa en la que explica que, tras no haber obtenido en el ámbito judicial las medidas cautelares solicitadas para el menor, se decidió enviar una carta a la Fiscalía Provincial. En ella se sostiene que el niño se encuentra en una "clara situación de riesgo", y se hace énfasis en la necesidad de que sea escuchado, además de pedir protección internacional debido a las amenazas contra su vida.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Primera Instancia número 10 ha decidido ceder el caso al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que ahora deberá evaluar la "medida de no regreso" del menor con su padre, quien reside en Italia.

Es importante señalar que los juzgados de la jurisdicción penal tienen preferencia sobre otros procedimientos similares. Esta directriz se ha reseñado desde el TSJA, aclarando que en casos de esta naturaleza, la justicia penal asume la responsabilidad en la instrucción.

A pesar de que el Juzgado de Violencia de Género decidió archivar la demanda de la madre, el proceso continúa, dado que la decisión fue apelada por la parte demandante y aún no cuenta con carácter firme.

En un giro significativo, la demanda de protección urgente del menor fue presentada en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada el pasado 30 de diciembre. Sin embargo, debido a días inhábiles, no fue hasta el 3 de enero que se solicitaron subsanaciones en la demanda, lo que ha llevado a que esta ni siquiera se llegara a incoar formalmente.

Adicionalmente, la normativa en este tipo de procesos civiles exige que ambas partes sean escuchadas, así como al menor si fuese necesario, antes de que se tomen decisiones sobre las medidas requeridas, algo que en este caso no se ha podido lograr dentro del tiempo establecido.

Desde Aránguez Abogados, se ha expresado preocupación por la urgencia de la situación, ya que el niño debe regresar a Italia con su padre el miércoles 8 de enero. Este equipo legal ha destacado que el progenitor está enfrentando un proceso judicial relacionado con maltrato hacia el menor.

La representación legal de Rivas ha recibido este martes una notificación de la Corte de Apelación de Cagliari, en Italia, que informa que el menor debe retornar a Italia con su padre, con un plazo límite establecido para este miércoles. Esta decisión se produce en respuesta a la solicitud de que el niño permanezca en España, aduciendo que se encuentra "en una situación de grave riesgo".

El despacho de abogados ha mencionado que, dado que no recibió respuesta a la solicitud de medidas cautelares presentadas el 26 de diciembre, optaron por presentar su caso ante el Juzgado 10 de Granada, que tiene competencias en materia de familia. Sin embargo, esta petición de audiencia urgente para el menor fue rechazada por el tribunal, decisión que es susceptible de apelación ante la Audiencia Provincial en un plazo de 20 días hábiles.

En una nota anterior, Aránguez Abogados había señalado que, al llegar a España, el menor alegó que su padre le coacciona y le amenaza, lo que llevó a presentar una nueva denuncia ante la jurisdicción penal italiana, sumándose a una ya existente en un juzgado de Málaga.

Esta denuncia enfatiza el miedo extremo que el niño siente hacia su padre, solicitando que se le permita residir en España con su madre y su hermano mayor. Además, se ha informado al tribunal italiano sobre los mensajes intimidatorios que Arcuri ha enviado a Juana, así como su constante acoso telefónico, lo cual podría constituir un delito de violencia de género, amenazas leves y acoso.

La defensa de Rivas confía en que su hijo pueda reunirse con ella y con su hermano, poniendo fin a un capítulo doloroso en su vida. A su vez, el Ministerio del Interior español ha activado el sistema Viogen, calificando la situación como de "especial relevancia" y con un alto nivel de riesgo.