En CÁDIZ, el día 9 de marzo, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha expresado su descontento por la falta de acción tras el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz) hace un mes. Critican que los narcotraficantes siguen operando en la costa andaluza sin obstáculos y que incluso han llegado a asaltar cuarteles.

La asociación de guardias civiles también ha lamentado que ningún partido político haya propuesto una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas ante la negligencia frente a las mafias que controlan el tráfico de drogas y de inmigrantes desde África.

Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, ha afirmado que no se puede permitir que se minimice el brutal asesinato de los guardias civiles como un simple accidente laboral.

Ha pasado un mes desde la trágica muerte de David Pérez y Miguel Ángel González a manos de narcotraficantes que embistieron con su lancha la embarcación en la que se encontraban con otros compañeros en Barbate. Vilariño critica que nada ha cambiado desde entonces.

El secretario general de Jucil ha señalado que ni el ministro del Interior ni el director general de la Guardia Civil han mostrado interés en reforzar la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal en el Estrecho de Gibraltar.

La falta de acción por parte de los responsables de Interior es destacada por la asociación, que acusa a los políticos de no asumir su responsabilidad y de permitir que los narcotraficantes operen casi a diario en la zona.

Jucil advierte de la presencia de narcolanchas resguardadas en puertos y bahías de la costa andaluza, como en Almería. Además, denuncian un intento de asalto al cuartel de la Guardia Civil en Barbate pocos días después del ataque a los guardias civiles.

Ante este panorama, Jucil insiste en la necesidad de declarar la región del Campo de Gibraltar y el área del Estrecho como Zona de Especial Singularidad para evitar la fuga de guardias civiles hacia otros destinos. También resaltan la valentía de dos guardias civiles heridos en Chiclana durante una persecución a traficantes de drogas, quienes lograron identificar a siete acusados a pesar de sus lesiones.

Ernesto Vilariño destaca el compromiso de los guardias civiles con su labor, pero critica la falta de respuesta por parte de la Administración. Insiste en la necesidad de reorganizar los puestos de la Guardia Civil en la costa andaluza y de crear un órgano específico centrado en la lucha contra el narcotráfico.