SEVILLA, 14 de noviembre. En un giro significativo en la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha emitido citaciones para Valle García, actual directora gerente del SAS, junto a sus predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Esta acción se produce tras la querella presentada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, quienes alegan "posibles irregularidades" en los procesos de contratación del servicio desde el año 2021.

El auto del juzgado, fechado el pasado martes 12 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, ha aceptado la tramitación de la querella inicial así como una ampliación presentada por los parlamentarios del PSOE-A. Estos han expresado su preocupación por la legalidad de las contrataciones urgentes llevadas a cabo por el SAS durante el periodo mencionado.

El juez responsable ha decidido citar a los tres gerentes para que se presenten en el juzgado en una audiencia que se llevará a cabo en algún día hábil de noviembre de 2024. El objetivo de esta comparecencia es informar a los citados sobre sus derechos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y proporcionarles copia de la querella y las diligencias pertinentes, reservando la declaración para una fecha posterior.

Además, el juez ha decidido poner esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y de las partes involucradas, advirtiéndoles que tienen la opción de interponer un recurso de reforma ante el mismo juzgado en un plazo de tres días. Este procedimiento subraya la seriedad de las acusaciones y la disposición del sistema judicial a examinar en profundidad las denuncias presentadas.

La denuncia inicial, interpuesta por un grupo de aproximadamente treinta parlamentarios del PSOE-A, ha puesto bajo el escrutinio público la gestión previa de los exgerentes Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. La querella cita "posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias" por parte del SAS durante el periodo 2021-2023, un aspecto que ha llamado especialmente la atención de los ciudadanos y medios de comunicación.

El 1 de octubre pasado, el juzgado decidió abrir diligencias previas en base a la existencia de un probable delito de prevaricación administrativa. Posteriormente, el 11 de octubre de 2024, los parlamentarios socialistas formalizaron la querella, solicitando ser considerados como acusación popular después de ofrecer una fianza.

El juzgado estableció una fianza de 5.000 euros, importe que ha sido consignado por los diputados implicados, lo que les permite adquirir la condición de "acusación popular" en este proceso. Este desarrollo añade una nueva dimensión legal al asunto y refleja el interés persistente de los representantes del PSOE en esclarecer la situación.

Asimismo, el 11 de noviembre, los mismos diputados presentaron una ampliación a la querella original, enfocándose en "posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias" específicamente en el año 2024, esta vez contra Valle García, quien ocupa actualmente el puesto de gerente del SAS.

Ante estos acontecimientos, el juez ha determinado que tanto la querella inicial como su ampliación cumplen con los requisitos estipulados en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez señala que los informes presentados apuntan a un presunto delito de prevaricación administrativa, aunque el desenlace de la investigación aún está pendiente de desarrollo. Por consiguiente, ha decidido proseguir con la admisión de la querella y proceder a citar a los tres funcionarios mencionados para que rinda cuentas ante el juzgado en la fecha dispuesta.