• miércoles 07 de diciembre del 2022

Juez ve desidia, pero no grave, en el incendio forestal en el parque natural Cabo de Gata en 2017 y archiva causa

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ALMERÍA, 16 Oct.

El Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha acordado el sobreseimiento de la causa penal donde estaban procesadas 4 personas enlazadas a Endesa y la subcontrata Eiffage al estimar que, más allá de que "no fueron suficientemente ágiles para advertir las anomalías y deficiencias" en la línea eléctrica que causó el incendio forestal de 2017 el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, su imprudencia "no consigue la categoría de grave" y no sería delito.

La jueza, realizando suyos los razonamientos de la Fiscalía, que no elabora acusación contra ellos, señala que la "compromiso" de los 4 "no posee encaje en el orden penal", sin perjuicio, según matiza, de la que sea correcto en otras jurisdicciones por el origen del fuego que calcinó 85,5 hectáreas de lote protegido por su valor ecológico y puso bajo riesgo la vida de un vecino de una cortijada próxima, quien se vio obligado a resguardarse en una alberca para huír de las llamas.

El coche, al que tuvo ingreso Europa Press, recalca que no quedó acreditado durante la instrucción que el incendio forestal "viniese causado por una imprudencia grave" de conformidad con una "interpretación racional" del producto 358 del Código Penal y acuerda el sobreseimiento para el encargado de la red de distribución de Endesa Distribución Eléctrica, el gerente legal de la subcontrata, tal como el jefe de obra y el operario con funcionalidades de revisión de la línea de alta tensión.

Según desgrana la jueza, una vez se descartó el delito doloso, quedaba por saber si la imprudencia resultaba punible a causa de la desidia que habría consistido en no advertir el deterioro del material en las revisiones y no evitar, por consiguiente, la rotura de elementos; específicamente, un aislador de acompañamiento partido que dio rincón a que el cable cayese al suelo, ocasionando las llamas.

Indica que los investigados declararon en sede judicial que habían efectuado las revisiones normativas establecidas --cuarto período de tres meses de 2016-- y que esto quedó acreditado, al paso que recalca que aseguraron no haber detectado que estuviesen "en estado deplorable en el instante" de llevar a cabo la supervisión las instalaciones.

Recoge el coche que, si bien semeja deducirse que los causantes de la supervisión y del cuidado de la línea "no fueron suficientemente ágiles para advertir anomalías y deficiencias", debe comprenderse que esa compromiso "no posee encaje en el orden penal" en concordancia al comienzo de intervención mínima.

Por último, apunta que, tras generarse la fallo, la compañía contratista reemplazó "todos y cada uno de los aisladores que sostienen el vano caído". "Se le recrimina no haberlo detectado antes y haber remediado los deterioros más allá de tratarse de una región calificada como de alta polución salina pero la imprudencia no consigue la categoría de grave", concluye.

La jueza instructora María Belén López ordenó en el mes de julio el procesamiento por deducir entonces que los hechos podría ser constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia del producto 358 del Código Penal, con relación a los productos 352 y 352, puesto que las llamas dañaron a un espacio protegido, a zonas habitadas y puso bajo riesgo la integridad física de la gente.

El incendio forestal se registro el 28 de junio de 2017 en el momento en que se estaban construyendo trabajos de reparación y de cuidado de la línea eléctrica. El fuego tuvo 2 focos diferentes en el lote por el que discurría la línea y su cercanía a un cortijo que se quemó forzó a que su morador tuviera que "hundirse en una balsa que tenía en su propiedad", pese a eso que debió ser atendido por equipos médicos gracias a la inhalación de humo.

El informe pericial de la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía aportado a la causa concluye que "ciertos" de los aisladores de vidrio de la línea eléctrica remitidos como prueba por el juzgado presentaban "defectos muy graves".

Añadía que el perno del aislador "está deteriorado", reduciendo su espesor y informaba de que podía sospechar "un riesgo inmediato" para la "seguridad" de las "personas, de los recursos y del medio ambiente" si se "rompían y se reducían las distancias de seguridad entre cables, apoyos, edificaciones o el lote".

El informe recogía fotografías de los aisladores de vidrio recogidos por Policía Judicial en el sitio de comienzo del incendio y en las que, según recalca, "se puede ver la sepa de material en el perno".

Por otra sección, el Infoca cuantificó los costos generados por el dispositivo de extinción en 37.450,57 euros al tiempo que la Delegación Territorial de Medio Ambiente señaló, con datos aportados por la Dirección Conservadora del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, que, de la área perjudicada, 15,1 hectáreas se ubicaban en región A1 o de particular protección. Mientras, un 25,18 y un 43,51 hectáreas estaban en zonas B1 de interés general y B2 seminaturales con usos habituales, respectivamente.

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