Crónica Andalucía.

Crónica Andalucía.

Juicio en Jaén por el asesinato de un trabajador agrícola en la ciudad

Juicio en Jaén por el asesinato de un trabajador agrícola en la ciudad

La Audiencia de Jaén comenzará este lunes el juicio a un joven acusado de asesinar a otro individuo mientras trabajaban en una finca de Jaén capital durante la campaña de recolección de aceitunas. La víctima era el capataz de la cuadrilla, mientras que el acusado era su primer día de trabajo en ese lugar. El juicio se llevará a cabo con un jurado popular.

El Ministerio Fiscal ha solicitado que se aplique la legítima defensa y, en consecuencia, se exima de responsabilidad penal al acusado. Por su parte, la acusación particular ha pedido una condena de 12 años y medio de prisión por homicidio.

Según el informe de calificación al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público califica los hechos como un delito de homicidio, pero solicita que se tenga en cuenta la eximente de legítima defensa, ya que considera que el acusado apuñaló al otro hombre "con la única intención de defenderse y evitar ser atacado nuevamente".

De acuerdo con el escrito, el incidente ocurrió el 30 de noviembre de 2021 en la finca El Brujuelo, en Jaén capital. Alrededor de las 13:30 horas, durante la hora del almuerzo, un grupo de trabajadores habían estado jugando lanzándose aceitunas, algunas de las cuales alcanzaron a un compatriota del fallecido, quien se enfrentó a ellos.

Según el relato de la Fiscalía, el acusado "le dio un puñetazo" a este trabajador, quien, a su vez, sacó un cuchillo de bolsillo con el que advirtió que "las cosas no iban a terminar ahí". Luego, el agredido le contó lo sucedido al fallecido y a otra persona, quienes se subieron a un quad y se dirigieron a alta velocidad hacia donde se encontraban el acusado y los demás trabajadores para pedir explicaciones sobre la agresión a su amigo.

Según el Ministerio Público, el fallecido llevaba consigo un cuchillo jamonero, mientras que los otros dos amigos iban armados con palos. Según la Fiscalía, fue el fallecido quien le propinó el primer golpe al acusado, quien se vio obligado a defenderse levantando el brazo contra el cual impactó el cuchillo, rompiendo la hoja del mismo.

En el momento de la agresión, el acusado estaba comiendo y tenía una pequeña navaja en la mano, la cual clavó en el otro trabajador, causándole una herida de aproximadamente dos centímetros en el hemitórax izquierdo, que le provocó la muerte de manera casi inmediata.

La víctima, de nacionalidad marroquí, vivía en Jaén con su esposa y su hijo de dos años. El joven acusado participaba en los programas de la Fundación Don Bosco Salesianos Social en Jaén, formando parte de una de las primeras generaciones de su proyecto Buzzetti.

En un principio, el acusado, que en ese momento tenía 23 años, huyó, pero se entregó pocas horas después. Por estos hechos, estuvo en prisión preventiva durante menos de un mes hasta que fue puesto en libertad provisional en diciembre de 2021.

La defensa del acusado, a cargo del abogado Francisco Gárate, ha sostenido que su cliente actuó en legítima defensa y también ha pedido la eximente completa de legítima defensa. Por su parte, la acusación particular, representada por la familia del fallecido, ha pedido una condena de 12 años y medio de prisión por homicidio, argumentando que no hubo legítima defensa.

El abogado de la familia del fallecido, Manuel Gutiérrez, ha afirmado en su escrito que la víctima se acercó al acusado para confrontarlo por su actitud y el puñetazo que presuntamente le había dado a otro trabajador. Según el escrito de la acusación particular, el acusado "lo apuñaló en cuanto tuvo la oportunidad".

La acusación también sostiene que el acusado "no presentaba lesiones en el codo izquierdo, la región interescapular derecha ni en el tercio superior del muslo derecho", descartando así la existencia de signos de violencia o defensa, lo que lleva a rechazar la legítima defensa.

Además, la familia del fallecido reclama una indemnización de 200.000 euros para la pareja e hijo del fallecido, otros 100.000 euros para los hermanos y 150.000 euros para la madre del fallecido en concepto de responsabilidad civil.

Finalmente, serán los nueve miembros del jurado popular los encargados de emitir el veredicto que dictará sentencia en este caso, en el que la cuestión central será determinar si el acusado actuó o no en legítima defensa.