SEVILLA, 6 de noviembre.

Este jueves dará inicio un juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que promete arrojar luz sobre un escándalo que involucra a altos cargos de la Junta de Andalucía. El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera, junto con un exlíder sindical de CCOO, se enfrentan a graves acusaciones de prevaricación y malversación. El ojo del huracán se centra en la irregular concesión de más de 9,76 millones de euros destinados a pólizas de seguro para trabajadores de la compañía Fertiberia, un tema que tiene implicaciones serias sobre la legalidad de las ayudas otorgadas.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso remonta a un expediente de regulación de empleo (ERE) gestionado por Fertiberia en 2003, que buscaba la extinción de 166 puestos de trabajo. Es crucial destacar que la empresa no había solicitado ayuda directa ni complementos sociolaborales; sin embargo, la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, decidió otorgar una ayuda que sumaba más de 2,26 millones de euros a 14 extrabajadores prejubilados por el cese de su relación laboral.

La Fiscalía expone un escenario más complejo en el que se detalla el papel crucial de 12 empleados de Fertiberia. Aceptaron ser trasladados a otros centros laborales como parte de la negociación del ERE, solo para luego, con la asesoría de sus representantes sindicales, solicitar la baja incentivada. Este proceso se llevó a cabo entre marzo y mayo de 2004, período durante el cual los trabajadores recibieron incentivos económicos tanto por el traslado como por la baja incentivada, lo que ha levantado suspicacias sobre la transparencia de tales operaciones.

Según el Ministerio Público, estos 12 trabajadores dirigieron una carta al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, quien había sido condenado previamente por prevaricación y malversación en un caso similar relacionado con el financiamiento de los ERE. En la misiva, solicitaban apoyo ante su situación particular, comprometiéndose a devolver el cheque correspondiente a su indemnización por despido. La Fiscalía considera este hecho como una manifestación de una estrategia ilícita para obtener beneficios que no les correspondían, utilizando la estructura del ERE como fachada.

El papel del acusado J.A.F.G., quien ostentaba en su momento el cargo de secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias, Textil, Químicas y Afines de CCOO, también se encuentra bajo el ojo crítico. La Fiscalía subraya su conocimiento de la ilegalidad detrás de las subvenciones y su cómplice actitud respecto a la gestión de las ayudas del Gobierno regional.

El documento de acusación revela que los trabajadores mencionados, junto con J.A.F.G., habrían ideado un procedimiento para acceder a condiciones de prejubilación a las que no tenían derecho. Este plan incluía la inclusión de estos trabajadores en las pólizas de seguro de rentas de jubilación de Fertiberia, en colaboración con la mediadora Vitalia Vida, representada por el también acusado Antonio Albarracín.

La situación se complicó aún más en octubre de 2004, cuando Guerrero formalizó un acuerdo para destinar 812.049 euros a financiar la póliza de estos 12 extrabajadores. En el mismo mes, se firmaron las pólizas de seguro del ERE de Fertiberia de 2003, alcanzando un total de 2,1 millones de euros, una suma considerable que genera inquietudes sobre la estructura y legalidad de tales transacciones. Los trabajadores asumieron más de 540.000 euros como parte de sus indemnizaciones, lo que también generó una deuda adicional a la Junta.

Además, en 2009, Fertiberia promovió otro ERE dirigido a extinguir 223 empleos. Aquí, la Fiscalía destaca que el coste estimado de los despidos alcanzaba 16 millones de euros, con la Junta comprometiéndose a cubrir el 50% de dicha cifra, a lo que se suman los 9,76 millones de euros en ayudas total concedidas a Fertiberia, sin que se haya justificado debidamente cada uno de estos desembolsos administrativos.

Las palabras de la Fiscalía son contundentes al afirmar que estas ayudas, lejos de servir para mitigar el impacto de los despidos, facilitaron mecanismos de financiación que eludieron la normativa legal vigente. Esta grave irregularidad contrasta con la exigencia de fiscalización y seguimiento que debería haberse aplicado a tales recursos públicos, dejando en entredicho la integridad de la administración.

Finalmente, la Fiscalía ha acusado a los implicados de cometer un delito continuado de prevaricación y malversación. La pena solicitada para J.A.F.G. y el exdirectivo de Vitalia asciende a siete años de prisión, a lo que se suma un largo periodo de inhabilitación. En el caso de Daniel Alberto Rivera, se reclaman cinco años de cárcel y un extenso periodo de inhabilitación también. Resulta notable que su situación ha desencadenado un cúmulo de acusaciones severas, que en total podrían sumar hasta 300 años de condena entre todos los implicados en este escándalo de las ayudas de los ERE.