SEVILLA, 20 de noviembre. La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha expresado enérgicamente la necesidad de convocar elecciones anticipadas en España tras la reciente condena del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta decisión judicial está relacionada con un caso que involucra la revelación de secretos y un procedimiento abierto por un presunto delito fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un comunicado enviado a los medios, España ha argumentado que la apertura de urnas es crucial para lograr “una regeneración política e institucional”. Ha criticado el actual gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que su gestión ha conducido a un “deterioro del Estado de Derecho” que califica como “sin precedentes”.

La portavoz ha dejado claro que ya es insostenible la permanencia de García Ortiz en su puesto y ha instado al presidente del Gobierno a forzar su renuncia. “Nadie puede entender que el fiscal general siga en su cargo ni un minuto más”, ha subrayado España.

Adecuadamente, ha declarado que Sánchez debería ser quien pida disculpas, ya que ha defendido su inocencia públicamente. En este sentido, ha instado al mandatario a asumir responsabilidades, establecer un orden y, si es necesario, también hacer su propia salida del poder.

España ha hecho referencia a los desafíos internos que enfrenta el PSOE en Andalucía, apuntando que “cuando no sabes irte, te echan”. Así, ha enfatizado que los gobiernos deberían estar al servicio de los ciudadanos y no convertirse en una carga, sugiriendo que “Sánchez ya se ha transformado en un problema para España”.

Este mismo día, tras conocerse la sentencia, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, notificó que el Gobierno iniciará los trámites necesarios para designar un nuevo fiscal general. En su declaración, Bolaños ha afirmado que, aunque deben respetar la decisión del tribunal, también sienten la obligación moral de expresar su desacuerdo.

Finalmente, enfatizó que desde Moncloa siempre han creído en la inocencia de García Ortiz y resaltó su compromiso con el servicio público y la defensa de la ley.