SEVILLA, 18 de noviembre.

La Junta de Andalucía ha hecho público un nuevo proyecto que establece las bases para la concesión de subvenciones complementarias. Estas ayudas están destinadas a promover actividades de renaturalización y restauración ecológica en terrenos agrícolas y forestales que se encuentren dentro de las áreas afectadas por el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos, localizado al norte de la Corona Forestal de Doñana. Este anuncio busca fomentar la participación comunitaria mediante un periodo de información pública.

Según detalla la Junta en un comunicado, los terrenos que aspiren a recibir estas ayudas deberán haber logrado previamente la autorización definitiva de las subvenciones estatales. Este requisito es fundamental para mantener la coherencia de ambas líneas de apoyo y evitar la creación de enfoques paralelos. La iniciativa autonómica se desarrollará bajo un sistema de concurrencia no competitiva, asegurando que todos los solicitantes que cumplan con los criterios establecidos puedan acceder a los fondos hasta que se agoten los recursos disponibles, sin necesidad de competir entre sí por la financiación.

La cantidad de la subvención complementaria está fijada en 20.000 euros por hectárea que reciba financiación estatal. Este monto está orientado a cubrir los gastos asociados al mantenimiento de la forestación, así como las acciones necesarias para promover el uso natural del suelo. Además, se contemplan rentas no generadas a causa del cambio en el modelo productivo. Estas ayudas se sumarán a los 70.000 euros por hectárea que aporta el Estado y los 10.000 euros anunciados por la Diputación de Huelva. Gracias a la colaboración institucional, se podrá alcanzar un máximo de 100.000 euros por hectárea en los cinco municipios bajo el Plan Especial.

La Junta ha establecido un presupuesto inicial de 24 millones de euros para estas ayudas, destinadas a cubrir 1.200 hectáreas. De estos, el Presupuesto de 2026 destina ocho millones de euros, ajustados al número de hectáreas previstas en la primera convocatoria estatal, que se cifran en unas 400. A medida que se amplíen las convocatorias estatales y se otorguen nuevos fondos, Andalucía también incrementará su inversión para ajustar su compromiso financiero y mantener la coherencia con los acuerdos políticos establecidos.

Este plan es una iniciativa para "reforzar la efectividad" de las ayudas estatales que coordina el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad. De esta manera, se busca ofrecer a los beneficiarios una cobertura económica adecuada que garantice la viabilidad de las iniciativas de restauración a largo plazo. El proyecto ha sido fruto de un trabajo iniciado el 10 de octubre, cuando la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente presentó este proceso ante el Consejo de Gobierno.

La formulación de estas bases responde a un compromiso firme de la Junta, establecido en el protocolo firmado en noviembre de 2023 entre el Gobierno de España y los representantes del sector agrícola. Este compromiso ha sido reforzado continuamente por la Administración autonómica, aumentando su contribución al Marco de Actuación de 728 a 853 millones de euros, lo que muestra la determinación de Andalucía en cuanto a la recuperación ambiental de Doñana y su desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible. Esta evolución refleja un aumento de 124 millones sobre el compromiso inicial y ha resultado en más de 477 millones de euros ejecutados hasta octubre de 2025, alcanzando más del 65,57% de progreso en el cumplimiento del acuerdo.

Las subvenciones contempladas en esta nueva normativa están claramente orientadas a facilitar la transición productiva en el norte de la Corona Forestal de Doñana. Su objetivo es brindar apoyo económico a los que trabajan en la restauración ecológica a partir de la ayuda estatal, complementando la asistencia con recursos de la comunidad autónoma. Esta sinergia permitirá que los proyectos aprobados cuenten con los recursos necesarios para afianzar las nuevas áreas reforestadas y asegurar su mantenimiento, mientras se promueven usos de suelo compatibles con la preservación de los ecosistemas de la región de Huelva.

Con este enfoque, se garantiza que los esfuerzos económicos, técnicos y ambientales realizados perduren en el tiempo y contribuyan de manera efectiva a la revitalización ecológica del área. Las ayudas tendrán un enfoque territorial específico, centrado en cinco municipios que integran el Plan Especial: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, lo que permite atender de manera precisa las necesidades del área más afectada por el impacto en las aguas subterráneas de Doñana, donde la restauración ecológica es más urgente.

La implementación de estas bases reguladoras se produce en un contexto clave para el Acuerdo por Doñana. Andalucía ha transformado este acuerdo en una herramienta en constante renovación, ajustándolo a las demandas del territorio e incorporando iniciativas de gran valor ambiental y estratégico. Entre las acciones destacadas se encuentran la adquisición de Veta La Palma y Tierras Bajas, que abarcan un total de 8.700 hectáreas que ahora se gestionan públicamente en el Espacio Natural de Doñana, con una inversión total que supera los 78 millones de euros, convirtiéndose en uno de los hitos más significativos en la historia reciente de este espacio protegido.

Este sistema garantiza que las acciones de restauración ecológica cuenten con un respaldo sólido en el tiempo necesario para su consolidación. El texto normativo también introduce mecanismos que facilitan la gestión electrónica, reduciendo la carga documental y asegurando la eficacia, transparencia y seguridad jurídica. El Proyecto de Orden ha sido desarrollado conforme a la normativa estatal y autonómica sobre subvenciones, así como a las regulaciones europeas que rigen las ayudas agrícolas y forestales. Además, se presta especial atención al uso de un lenguaje inclusivo y accesible, garantizando que toda persona interesada pueda comprender fácilmente los requisitos, obligaciones y procedimientos necesarios.