• sábado 10 de diciembre del 2022

Juzgan desde este lunes al alcalde de Nerja y otros siete acusados por el supuesto vertedero ilegal

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MÁLAGA, 16 Oct.

El Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga tiene sosprechado evaluar desde este lunes, 17 de octubre, al alcalde de la ciudad malagueña de Nerja, José Alberto Armijo, y a otros acusados en la situacion del vertedero en teoría ilegal en tal ayuntamiento. La Fiscalía pide para el regidor un par de años de prisión y 18 meses de inhabilitación particular para profesión u trabajo.

El juicio se encontraba sosprechado para el mes pasado de febrero pero se suspendió ya que el letrado de entre los acusados renunció antes del comienzo de la visión oral y el nuevo letrado debía saber la causa. Así, las sesiones previstas se alargarán a lo largo de un par de meses en distintos días. La primera semana va a haber juicio, aparte del lunes, el miércoles y el jueves.

El Juzgado de Primera Instancia y también Instrucción número 1 de Torrox (Málaga), que estudió la situacion, acordó en 2020 la apertura de juicio oral contra Armijo, acusado por un delito contra los elementos naturales y el medio ambiente; una concejala y siete hombres de negocios, si bien uno ha fallecido. Además, en esta causa están seis compañías.

En este trámite se ha investigado la presencia desde hacía unos 15 años de un vertedero, situado al lado del río de la Miel, en el Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, en el que en teoría se vertía "de forma incontrolada restos de la construcción, peligrosos y podas", lo que provocaría esenciales peligros.

La Fiscalía solicita para el regidor y para el resto de los acusados la pena de un par de años de prisión y 18 meses de inhabilitación particular para profesión u trabajo; tal como el pago de una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, lo que hace 7.200 euros. Además solicita que los procesados, al lado del Ayuntamiento como responsable subsidiario, abonen en el caso de condena los costos de la restauración de la región.

Según la acusación pública, a inicios de 2000, en teoría, "a idea" de Armijo, "sin la tramitación de expediente administrativo, licencia ni autorización administrativa o medioambiental", el Ayuntamiento concierta de manera verbal la administración del avance de la actividad de vertido de escombros y deshechos en una vieja cantera con ciertas compañías similares con la construcción, que acabaron asociándose para esa explotación.

Además, se comunicó la intención de efectuar un vertedero a la Junta de Andalucía, que respondió diciendo que hacía falta una investigación de encontronazo ambiental; pero, en teoría, "realizando ni caso a esa comunicación, la actividad prosigue a la visión y paciencia de todos" bajo la administración de las compañías "autorizadas por el Ayuntamiento", apunta el ministerio público, apuntando que era "un hecho público y conocido" la presencia de vertidos en esa región cuidada.

"El propio Ayuntamiento depositaba en el sitio los restos de proyectos y de podas vegetales", señala el escrito provisional de acusación, al que tuvo ingreso Europa Press, precisando que de 2000 a 2010 se suceden los expedientes sancionadores y demandas sobre la situación de la región, realizándose en 2013 una inspección por agentes de Medio Ambiente donde se advirtieron restos como electrodomésticos, neumáticos, restos de construcción y otros agrícolas.

Tras esta inspección la Consejería de Medio Ambiente emitió un informe en el que se establece que las especificaciones del vertedero "ponen de manifiesto que hay un perjuicio al medio ambiente" por múltiples fundamentos, entre ellos que "no hay una adecuada administración de los lixiviados, lo que podría ocasionar una polución de un acuífero"; ni tampoco control de los gases, lo que podría ocasionar incendios, "sin que existiesen medidas de extinción".

En 2016 se efectúa otra inspección donde, aparte de lo previo, se apunta que en teoría "el 90 por ciento de la actividad está en el espacio natural protegido", que el suelo "no está impermeabilizado" en frente de fugas de restos; y que hay envases de restos peligrosos, ciertos aparatos electrónicos sin descontaminar y también, aun, "restos de motocicletas de agua". "El vertido se efectúa de forma indiscriminada y sin ningún género de método", se señalaba.

En otros documentos siguientes se influye en los peligros para la seguridad de la gente por la inestabilidad del lote, el viable comienzo de un foco de llama "que se propagaría de manera rápida" y, además de esto, el incumplimiento de la legislación y las normativas en diferentes apartados, según se precisa en el escrito provisional de la Fiscalía malagueña, concluyéndose que existía "un alto peligro de perturbación del equilibrio de los sistemas naturales".

Para el fiscal, la edil Nieves Atencia, asimismo acusada, "conocía y admitía como propias las resoluciones del regidor con en comparación con vertedero, cuyo cierre se anunció en 2016", afirma la acusación pública.

En mayo del pasado 2021, la Junta de Andalucía notificó del comienzo de los trabajos liderados a la clausura y el sellado del vertedero de restos de construcción y demolición (RCD) que está en el concejo malagueño de Nerja, una intervención con un presupuesto base de licitación de 1.916.788,96 euros. En junio del año vigente, estas trabajos estaban en su recta final.

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