En una sorprendente actualización desde Madrid, el juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional ha ordenado este miércoles la detención de tres individuos implicados en una compleja trama de corrupción. Entre los arrestados se encuentran la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso. Se les investiga por presuntamente haber obtenido más de 700.000 euros en comisiones a través de diversas operaciones que implican a entidades públicas y dependencias de la SEPI.

La información fue revelada en un documento judicial al que tuvo acceso Europa Press. Esta investigación, que está bajo el secreto de sumario, es dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 y ha sido impulsada por la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según el juez, los investigados forman parte de un grupo denominado "Hirurok", que presuntamente habría manipulado diferentes expedientes administrativos en su beneficio, aprovechando sus conexiones y la influencia que ejercen sobre figuras clave en la función pública. La operativa se habría llevado a cabo entre 2021 y 2023 y habría afectado a múltiples administraciones en el país.

El tribunal ha identificado al menos cinco transacciones específicas donde los imputados habrían conseguido decisiones favorables a cambio de favorecer sus intereses económicos. Destacan las actuaciones que se realizaron durante la presidencia de Fernández en la SEPI, que duró desde junio de 2018 hasta octubre de 2019.

Una de las operaciones más relevantes corresponde al rescate financiero de 112,8 millones de euros otorgado a la empresa Tubos Reunidos, donde se señala que "Hirurok" habría intercedido para facilitar este apoyo económico, recibiendo al menos 114.950 euros por facturas que parecen fraudulentas provenientes de Mediaciones Martínez.

Otra transacción denunciada se relaciona con un contrato público asignado a Servinabar, la compañía de Antxon Alonso, por un monto de 18.119,75 euros. Este contrato estaba vinculado a una modificación de la sede de la entidad pública Mercasa, en la que varios directivos de la sociedad facilitaron la operación en beneficio de los investigados.

La tercera adjudicación mencionada es la asignada al Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente, que recibió 2,8 millones de euros. Las indagaciones sugieren que el grupo "Hirurok" podría haber influido en la mesa de contratación para beneficiar a dicha mercantil a cambio de un retorno financiero significativo.

Además, la resolución del juzgado sugiere que existieron pagos desde Enusa, una empresa pública, a favor de un despacho de abogados, donde se habrían inflado costos en un 50% con el propósito de canalizar recursos hacia el grupo. Este esquema se acompaña de pagos a Mediaciones Martínez por un total de 17.545 euros.

Finalmente, en el marco de este caso se menciona una ayuda de 17,32 millones de euros concedida a Arapellet, una empresa del grupo Forestalia, por la que se había acordado previamente el pago de 200.000 euros al grupo "Hirurok." Estos fondos, que se habrían dirigido a inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, impactan directamente en la situación económica de los tres detenidos.

Luego de sus declaraciones, el juez Piña ha decidido dejar en libertad a Díez, Fernández y Alonso, aunque no sin antes imponerles medidas cautelares. Estas medidas incluyen la retirada de sus pasaportes, la prohibición de abandonar el país y la obligación de presentarse quincenalmente en el juzgado. La Fiscalía Anticorrupción continúa a cargo de la investigación, que abarca presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.