Crónica Andalucía.

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La Audiencia de Sevilla se opone a eliminar la demanda civil contra UGT-A y considera que no es necesario que Moreno testifique.

La Audiencia de Sevilla se opone a eliminar la demanda civil contra UGT-A y considera que no es necesario que Moreno testifique.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha pospuesto su decisión sobre la "repercusión" de la condena del ex trabajador de las filtraciones y la instrucción de Alaya en el juicio promovido contra la antigua cúpula de UGT-A por delito continuado de fraude de subvenciones.

La Sección Tercera de la Audiencia ha desestimado la cuestión previa planteada por UGT-A en el juicio en el que se les acusa de fraude de subvenciones. El tribunal considera que la responsabilidad civil atribuida a UGT-A no queda anulada por el acuerdo alcanzado con la Junta para el pago en 25 años de las cantidades no justificadas o defraudadas de las ayudas para cursos de formación.

En el juicio están implicados el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el ex secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Según el juzgado instructor, entre 2009 y 2013 se realizaron procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores para desviar fondos recibidos a través de subvenciones destinadas a formación y utilizarlos para gastos corrientes del sindicato. La cantidad defraudada ascendería a 40.750.047,74 euros.

Las defensas de los acusados argumentaron en las cuestiones previas la nulidad de la causa debido a la supuesta obtención ilícita de la documentación por parte del ex trabajador de UGT-A Roberto Alejandro Macías Chaves. También denunciaron supuestas vulneraciones de derechos y garantías procesales por parte de la juez Mercedes Alaya, a la que acusaron de realizar una investigación "inquisitorial y desproporcionada".También alegaron que el proceso había afectado a las posibilidades de defensa de los acusados.

La defensa de UGT-A reclamó la anulación de las pretensiones indemnizatorias por parte de la Junta de Andalucía y la Fiscalía, argumentando un "acuerdo de voluntades" firmado en 2022 entre UGT Andalucía y la Junta de Andalucía para fraccionar los reintegros solicitados por la Administración andaluza al sindicato.

El tribunal ha pospuesto su decisión sobre la "repercusión" de la condena impuesta a Macías Chaves y sobre el supuesto proceso inquisitorial. Sin embargo, ya ha respondido a la cuestión previa de UGT Andalucía, indicando que el acuerdo alegado con la Junta de Andalucía no implica el pago de la deuda reclamada en este procedimiento.

El tribunal ha afirmado que la decisión se ajusta al principio de preferencia de la jurisdicción Penal y al deber de la Administración de no tramitar o suspender el procedimiento sancionador por hechos que puedan ser constitutivos de delito. UGT-A solo respondería civilmente si los acusados no lo hacen en caso de ser condenados.

El tribunal no ha aceptado las pruebas testificales solicitadas por UGT-A, entre ellas la comparecencia de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, considerándolas innecesarias para la resolución del caso.