La Audiencia Nacional admite el recurso de la Junta contra el deslinde de las marismas de Doñana

La Audiencia Nacional ha aceptado a trámite el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el procedimiento de deslinde de las marismas de Doñana, afectando a territorios en Almonte, Hinojos y Aznalcázar, publicado en el BOE en octubre de 2025. La decisión incluye además la personación de la Junta en el proceso judicial.

Este movimiento judicial se produce en un contexto de creciente tensión entre las autoridades autonómicas y el Ministerio para la Transición Ecológica, que en 2025 aprobó un proceso de delimitación del dominio público marítimo-terrestre en un espacio considerado de gran valor ecológico y estratégico. La Junta de Andalucía ha cuestionado la legitimidad y la justificación técnica del deslinde, argumentando que excede los límites naturales del ecosistema de Doñana y que la infraestructura denominada 'montaña del río' fue diseñada para facilitar la inundación natural de las marismas.

El trasfondo político refleja un escenario de disputa por la gestión y protección del espacio, que ha sido objeto de polémicas por su valor ambiental y por intereses económicos y agrícolas en la región. La oposición de la Junta, que adquirió estas tierras en 2006, responde también a las tensiones con el Ejecutivo central respecto a los criterios de protección y explotación del parque nacional.

En el ámbito judicial, la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio que remita la documentación administrativa relacionada con el deslinde en un plazo de 20 días, además de requerir la notificación a todos los interesados y la posible acumulación de otros recursos en curso. La resolución puede ser recurrida mediante recurso de reposición en cinco días.

Este conflicto en torno a Doñana se inscribe en un contexto más amplio de controversias entre las administraciones autonómica y central en materia de gestión de espacios naturales protegidos, donde las decisiones políticas y jurídicas impactan en la conservación del patrimonio ecológico y en los intereses económicos de la región. La resolución judicial marcará el rumbo en un proceso que tiene repercusiones en la protección del espacio y en la relación de poderes en Andalucía.