La Comisión del Algarrobico mantiene el hotel con licencia vigente a 23 años de su concesión

La novena reunión de la comisión conjunta entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central se celebra sin avances definitivos. La licencia del hotel en el Algarrobico, en Carboneras, sigue en vigor tras más de dos décadas, pese a los esfuerzos por demolición y recuperación ambiental. La reunión se produce en un contexto de desacuerdo entre administraciones y con obstáculos judiciales.

Desde 2011, ambas administraciones firmaron un protocolo para restaurar la playa y eliminar el hotel, símbolo de la urbanización irregular en la Costa de Almería. Los progresos han sido limitados, y las diferencias políticas han frenado decisiones concretas. La Junta, que preside la comisión en esta ocasión, mantiene una postura de cautela ante los recursos judiciales y la situación legal del inmueble.

El reciente aplazamiento del Ayuntamiento de Carboneras para revisar la nulidad de la licencia ha reavivado la incertidumbre. La decisión, adoptada con votos de concejales del PSOE y otros no adscritos, contradice informes favorables del Consejo Consultivo de Andalucía. La oposición de la Junta y del Ministerio a mantener la licencia vigente refleja un escenario de enfrentamiento institucional y judicial.

En el plano político, el proceso evidencia las tensiones entre la Administración central y la autonómica. Mientras el Gobierno apuesta por expropiar los terrenos para facilitar la demolición, la Junta prefiere seguir los cauces judiciales. La falta de acuerdo ha provocado que la comisión apenas haya avanzado en años recientes, con reuniones esporádicas y poca concreción en las actuaciones.

El contexto refleja la complejidad de gestionar proyectos de recuperación en espacios protegidos afectados por intereses urbanísticos. La situación del Algarrobico puede marcar un precedente en la política ambiental y urbanística de Andalucía. La expectativa futura apunta a una posible expropiación y restauración, aunque las decisiones aún están en el aire.

El caso también pone a prueba la coordinación administrativa en temas de protección ambiental y urbanismo. La resolución definitiva dependerá del marco legal, la voluntad política y la presión social. La próxima etapa será definir si el Estado logra avanzar en la recuperación de este símbolo de la especulación urbanística en la Costa de Almería.