SEVILLA, 6 de noviembre.

La Fiscalía Anticorrupción ha tomado el control de una investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, relacionada con la denuncia que ha presentado el Grupo Socialista del Parlamento andaluz. Esta denuncia apunta al Gobierno de Juanma Moreno, del Partido Popular, por presuntas irregularidades en la gestión de contratos durante la pandemia de Covid-19, específicamente por malversación y prevaricación en la adjudicación de aproximadamente 300 millones de euros a clínicas privadas mediante contratos de emergencia sanitaria. Esta información ha sido adelantada por Eldiario.es y Diario de Sevilla, y confirmada por fuentes del ministerio público.

El PSOE andaluz, que ha sido el promotor de esta denuncia y figura como parte en la causa judicial, sostiene que desde la primavera de 2021, las administraciones dejaron claro que no era posible seguir utilizando el procedimiento de contratación de emergencia establecido durante la pandemia. Según el partido, a partir de ese momento, se debía regresar a los procedimientos de contratación pública ordinarios. Sin embargo, el Servicio Andaluz de Salud, adscrito a la Consejería de Salud, supuestamente ignoró esta normativa derogatoria y continuó operando bajo las premisas de emergencia sanitaria.

Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, argumenta que la Consejería de Salud adoptó un enfoque que sería "absolutamente irregular" y que podría constituir un delito de prevaricación. Según sus declaraciones, se llevaron a cabo "adendas y prórrogas a contratos de emergencia previos durante la crisis del Covid", lo que permitió prolongar la exención de los procedimientos ordinarios de contratación, así como de las convocatorias de concursos. Espadas denuncia que toda esta maniobra ha permitido la gestión de fondos que alcanzan casi los 300 millones de euros.

Espadas también advierte que lo que se ha observado es un "modus operandi" por parte de la Junta que no se limita a un simple expediente aislado, sino que se manifiesta como una conducta sistemática que ha persistido "mes tras mes, hasta mediados de 2023".

En sus señalamientos, el líder socialista también hace referencia a la supuesta fragmentación de los contratos en el Servicio Andaluz de Salud durante 2021, algo que habría permitido clasificar estos contratos como menores y, de esta manera, eludir un mayor control fiscal. Espadas destaca que la investigación al gobierno de Moreno está justificada por "irregularidades claras y graves" relacionadas con contrataciones a dedo por un monto casi equivalente a 300 millones de euros.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha defendido su actuación, argumentando que en 2021 la situación sanitaria era crítica y que el principal objetivo era "salvar vidas".