SEVILLA, 26 de noviembre. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la comparecencia como testigo de Catalina García, actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Esta actuación se enmarca en el contexto de las investigaciones que se están llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla acerca de la contratación de emergencia realizada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la etapa posterior a la pandemia de coronavirus, cuando se abolió la normativa que permitía este tipo de contratos, que se encuentra regulada en la Ley de Contratos del Sector Público.

En el mismo comunicado, la Fiscalía también ha pedido que testifique Roberto Ochoa, quien ocupó el cargo de viceconsejero de Hacienda y Financiación Europea desde el 8 de septiembre de 2020 hasta el 9 de agosto de 2022. Esta solicitud refuerza la necesidad de aclarar el proceso administrativo detrás de estas decisiones.

La inclusión de García en esta investigación se relaciona con su papel anterior como viceconsejera de Salud, puesto que ocupó durante el mandato de Jesús Aguirre, quien luego asumió la presidencia del Parlamento de Andalucía. Este pasado ha llevado a la Fiscalía a considerarla relevante en el desarrollo de los hechos.

El juez José Antonio Gómez, encargado del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, deberá pronunciarse sobre las solicitudes de la Fiscalía. Estos procedimientos se sitúan en un avance dentro de las diligencias previas número 2476/2024 y resultan de las declaraciones ya escuchadas en las testificales que tuvieron lugar el 18 y 25 de noviembre.

El objetivo detrás de la citación es profundizar en la creación del Acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, que permitió la contratación de emergencia en el SAS y modificó la forma de fiscalización de estos contratos, pasando de una revisión previa a un control financiero permanente posterior.

Durante las recientes comparecencias, la actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, quien fue responsable de la Intervención General de la Junta, manifestó que la integración de los contratos del SAS en este nuevo esquema no incluyó una propuesta formal del entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, ni contaba con un informe de la Intervención, según comentaron asistentes al proceso.

Martínez también explicó que la decisión de incorporar los contratos del SAS al control financiero permanente fue resultado de un diálogo en la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como el Consejillo, donde se afinaron los detalles que posteriormente se llevarían al Consejo de Gobierno, en el que estaban involucrados García y Ochoa.

El propósito central de la Fiscalía es obtener la versión directa de ambos sobre la decisión de clasificar los contratos del SAS como gastos de emergencia bajo el marco del Covid-19 que pasarían a un control financiero posterior.