GRANADA, 12 de diciembre. La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha confirmado este viernes que la pesquisa iniciada por el Ministerio Público sobre presuntas deficiencias en los cribados de cáncer de mama en la región continúa a la espera de varios informes solicitados para su desarrollo.

En una rueda de prensa llevada a cabo en Granada, Tárrago detalló que se ha requerido información a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, conduciendo los datos al organismo pertinente que tiene relación con las denunciadas irregularidades, con el propósito de avanzar en las indagaciones.

La fiscal superior subrayó que esta investigación es competencia de la Fiscalía andaluza, dado que algunos de los denunciados cuentan con aforamiento. Esto surge después de que la Fiscalía de Sevilla decidiera archivar una denuncia presentada por la Asociación Amama, la cual denunciaba la supuesta pérdida de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La decisión fue respaldada tras la verificación de la integridad de los datos por parte del fiscal delegado de delitos informáticos, tal y como puntualizó Tárrago durante un encuentro con periodistas en el que se abordaron diversos temas en el cierre del año.

Las acusaciones en torno a este asunto han sido elevadas por la Asociación Del Defensor del Paciente, que ha entrelazado su denuncia con casos particulares de afectadas, así como por Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía.

El Defensor del Paciente instó a la Fiscalía a tomar medidas contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), acusándolo de "dejación de funciones", argumentando que cualquier programa de detección o prevención deba ser implementado sin demoras ni justificaciones.

Izquierda Unida presentó su denuncia argumentando la existencia de "graves errores" en el programa de cribado de cáncer de mama, señalando a varios exconsejeros de Salud de la Junta como posibles implicados.

Por su parte, Adelante Andalucía solicita una investigación que vincula ciertos hechos a una conducta que podría constituir varios delitos, dirigiendo sus críticas contra la anterior consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, y su predecesora, entre otros funcionarios.