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Miércoles, 14 de octubre de 2026 Edición Andalucía · Red Crónica
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La Fiscalía de Málaga acusa a un cura de delitos sexuales y revela archivos con agresiones en carpetas

Un sacerdote en Málaga enfrenta cargos por abusos sexuales y almacenamiento de archivos con agresiones, en un caso que evidencia fallos institucionales.

Redacción · Crónica Andalucía 2 min de lectura

La Audiencia de Málaga ha iniciado un juicio contra un sacerdote acusado de abusar sexualmente de varias mujeres, algunas sedadas y grabadas sin su consentimiento. La Fiscalía solicita una pena de 72 años de prisión y una indemnización de 1,2 millones de euros para las víctimas.

El proceso revela que el sacerdote, quien ejercía en varias localidades de Málaga, mantenía una relación de amistad cercana con las víctimas, a las que supuestamente drogaba y sedaba para cometer los abusos. Además, se le imputa la grabación y fotografía de estos actos, almacenados en archivos informáticos en carpetas con los nombres de las víctimas.

Este caso pone en evidencia la problemática de abusos en contextos religiosos y las posibles complicidades institucionales. La denuncia surgió después de que una de las víctimas encontrara en la vivienda del sacerdote material audiovisual que la implicaba directamente, lo que llevó a la denuncia ante las autoridades.

Las implicaciones políticas y sociales se centran en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y control en instituciones religiosas. La diócesis implicada ha declarado que colaborará con la justicia y que condena cualquier acto que viole los derechos de las personas.

El juicio continúa y se espera que el acusado declare próximamente. La comunidad judicial y social vigilan con atención la resolución, que podría marcar un precedente en la lucha contra los abusos en el ámbito eclesiástico en Andalucía y toda España.

Este caso refleja la importancia de la transparencia y la adopción de medidas efectivas para prevenir y sancionar abusos en instituciones que gozan de confianza pública. La justicia, en este escenario, busca garantizar la protección de las víctimas y la rendición de cuentas de los responsables.

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