En un giro sorprendente en el ámbito de la justicia sanitaria, la Fiscalía de Sevilla ha decidido archivar la denuncia presentada por Marea Blanca, una organización que ha realizado denuncias similares en diversas provincias de Andalucía. Esta denuncia ha sido objeto de atención pública al alegar que las "prolongadas esperas sanitarias" podrían poner en riesgo la vida de los ciudadanos, según ha informado la edición andaluza de Eldiario.es y han confirmado fuentes del Ministerio Público a Europa Press.

Marea Blanca argumentaba que los largos tiempos de espera en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), especialmente en lo que respecta a consultas y pruebas diagnósticas, pueden acarrear consecuencias extremas, potencialmente mortales, al retrasar tratamientos de patologías serias. Según sus afirmaciones, esta situación no solo afecta a la salud de los ciudadanos, sino que también infringiría sus derechos fundamentales a recibir atención sanitaria adecuada y oportuna.

La organización ha criticado duramente los recortes presupuestarios, la reducción de personal y las políticas restrictivas implementadas en los últimos años, que, según ellos, han desmejorado notablemente la atención sanitaria en la región andaluza. Marea Blanca sostiene que, en muchos casos, el tiempo medio para recibir un diagnóstico completo oscila entre diez y 16 meses, una esperada inaceptable que supera cualquier estándar de atención sanitaria efectiva y que puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones críticas como el cáncer.

La agrupación insistía en que la legalidad de estas circunstancias debía ser revisada de manera competente, mencionando que en varios casos individuales recientes, estas demoras han sido consideradas constitutivas de delito. Sin embargo, la Fiscalía ha desestimado esta perspectiva y, al archivar la denuncia, ha señalado que los casos judiciales citados por Marea Blanca, que incluyen dos en Sevilla, solo tienen fundamentos en "supuestos de responsabilidad patrimonial" por parte de la administración sanitaria.

Asimismo, el Ministerio Público ha destacado que la denuncia carece de especificaciones sobre qué delito podría haberse cometido, precisando que no se observa evidencia de un acto delictivo. Recordaron que existe un mecanismo previsto para gestionar las intervenciones médicas necesarias en el sector privado una vez se superan los plazos legales de espera, lo que implica que los gastos se repercutirían a la administración sanitaria correspondiente.