El Ministerio Público ha dejado claro que las reclamaciones sobre posibles afectaciones a los derechos de los ciudadanos no necesariamente implican la existencia de un delito, una declaración que subraya la complejidad de la justicia en temas de salud pública.

En un reciente desarrollo, se ha informado que las ocho fiscalías provinciales de Andalucía han decidido archivar las denuncias presentadas por la organización Marea Blanca. Esta agrupación había alertado sobre lo que consideraba "prolongadas esperas sanitarias" que, según ellos, "ponen en peligro las vidas" de los ciudadanos. La decisión del Ministerio Público ha desatado un debate sobre la naturaleza de los tiempos de espera en el sistema sanitario.

Marea Blanca, en su denuncia, sostenía que "los tiempos de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS)" resultan alarmantes, especialmente en lo que respecta a consultas y pruebas diagnósticas. Según esta organización, los retrasos pueden llevar a consecuencias graves e irreversibles, o incluso a la muerte, si se trata de patologías críticas que requieren atención inmediata.

Desde la perspectiva de Marea Blanca, la situación en la que se encuentra la atención sanitaria vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como su derecho a la protección de la salud y a recibir atención médica de manera adecuada y oportuna. Ellos argumentan que "los recortes presupuestarios, la disminución de personal y la implementación de medidas restrictivas" en los últimos años han deteriorado notablemente la calidad de la atención sanitaria en Andalucía.

La denuncia también incluye alegaciones alarmantes sobre tiempos de espera excesivos, indicando que el período medio para un diagnóstico completo puede variar entre diez y dieciséis meses, un tiempo que, aseguran, sobrepasa cualquier estándar razonable de atención sanitaria adecuada. En casos de enfermedades severas como el cáncer, estos retrasos pueden ser decisivos, afectando dramáticamente las probabilidades de supervivencia de los pacientes.

Marea Blanca considera que la legalidad de esta crisis en la atención médica debería ser objeto de un examen riguroso por parte de las autoridades competentes, señalando que en casos similares anteriores, ciertas demoras han sido consideradas como constitutivas de delito por sentencias recientes.

Sin embargo, las ocho fiscalías provinciales han justificado su decisión de archivar las denuncias al afirmar que, tras revisar las alegaciones de Marea Blanca, no hallaron suficientes indicios de infracción penal ni conducta individualizada que pudiera dar pie a una imputación concreta de delito. Además, consideran que no se justifica la apertura de un procedimiento penal para investigar hechos que, incluso de confirmarse, no constituirían un delito.

Las fiscalías han enfatizado que "no toda situación que afecte a los derechos ciudadanos conlleva la implicación de un delito". En su opinión, existen otras vías jurisdiccionales, como la contencioso-administrativa, que podrían abordar y resolver las preocupaciones manifestadas por la organización denunciadora.