La Fiscalía pide 14 años de inhabilitación por regularización irregular de viviendas en Cantoria

La Fiscalía de Almería ha solicitado 14 años de inhabilitación para la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez, por su presunta implicación en la regularización de viviendas ilegales en 2019. Estas viviendas, declaradas ilegales y ordenadas para demolición en 2010, fueron sometidas a un proceso que supuestamente favoreció su venta y legalización.

El caso se remonta a 2006, cuando se construyeron viviendas en suelo no urbanizable en el paraje 'Los Garcías'. A pesar de la orden judicial de demolición y los antecedentes penales, las autoridades municipales, con la alcaldesa en funciones y el concejal de Urbanismo, facilitaron la tramitación de expedientes para regularizar estas construcciones mediante figuras como la Asimilada Fuera de Ordenación (AFO).

Esta actuación habría permitido a los promotores vender varias viviendas por importes cercanos a los 130.000 euros, ocultando la existencia de una orden judicial de demolición. La Fiscalía sostiene que los responsables actuaron con la intención de beneficiarse económicamente, incumpliendo la legalidad urbanística y judicial vigente.

El proceso refleja posibles conexiones entre decisiones administrativas y favorecimiento de intereses particulares, en un contexto donde la gestión urbanística en municipios como Cantoria ha sido objeto de escrutinio público y judicial. La investigación apunta a una posible corrupción en la tramitación de permisos y la omisión de diligencias que habrían evitado la legalización de las viviendas ilícitas.

Este caso pone de manifiesto las tensiones políticas en la localidad y las posibles responsabilidades de los responsables municipales en la protección del orden urbanístico. La perspectiva futura apunta a una mayor vigilancia sobre la gestión pública en materia de suelo y urbanismo, en un contexto de creciente control judicial y fiscal en Andalucía.

En el ámbito político, el caso podría generar mayor presión sobre las instituciones locales para reforzar los controles administrativos y evitar futuras irregularidades en la gestión del suelo. La justicia continúa investigando los hechos, con posibles implicaciones que podrían afectar a otros municipios de la provincia.