En una reciente declaración, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno andaluz, Carolina España, se ha encargado de aclarar la situación de María Antonia González, quien hasta ahora ocupaba el puesto de interventora general de la Junta. España dejó claro que la decisión de relevar a González de su cargo se tomó a petición propia, desvinculando cualquier insinuación de que esta decisión estuviera relacionada con los polémicos contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La portavoz del Gobierno andaluz enfatizó que no se trata de una destitución, sino de un cese solicitado por la propia González por razones de índole personal. Estas palabras fueron ofrecidas a los medios de comunicación en un evento celebrado en Cádiz, donde España buscó tranquilizar a los andaluces ante las especulaciones surgidas en torno a este cambio en la administración pública.

El Consejo de Gobierno, en su sesión del miércoles, ratificó el nombramiento de Miguel Ángel Figueroa Teva como el nuevo interventor general de la Junta. Este cargo está bajo la dependencia orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, lo que implica que la asignación se realiza con el fin de asegurar una continuidad en la gestión pública, tras la salida de González.

No obstante, diversos partidos de la oposición, como Izquierda Unida y Adelante Andalucía, han intentado relacionar este cambio con el rol de González al frente de la Intervención General durante un periodo en el que emitió informes alertando sobre posibles irregularidades en los contratos de emergencia del SAS. Esta controversia ha sido además objeto de denuncia por parte del PSOE-A en los tribunales, generando un clima de incertidumbre y críticas hacia la gestión de la Junta.