• sábado 10 de diciembre del 2022

La Junta comunica acuerdo con el Estado para eludir el recurso contra la Lista en el Constitucional

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SEVILLA, 25 Ago.

El Gobierno andaluz alcanzó un convenio con el Estado que impide el recurso que se proponía enseñar contra 42 productos y una Disposición Adicional y otra Final de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la Ley del Suelo del presente Gobierno andaluz aprobada la pasada legislatura.

El acuerdo, conforme han adelantado fuentes del Gobierno andaluz a Europa Press, se alcanzó el diez de agosto en el marco del conjunto de trabajo que hicieron las dos gestiones en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Red social Autónoma de Andalucía.

Ambas gestiones piensan resueltas las disconformidades provocadas y dan por concluida la disputa planteada en función de los compromisos comprados, que se traducen, según el Gobierno andaluz, en "una interpretación y app de los preceptos cuestionados de conformidad con la legislación básica" que, a juicio de la Administración General del Estado, estimaba perjudicada y era el origen de la disputa jurídica con la Administración autonómica.

Ese acuerdo se proyectará sobre una predisposición agregada de la Ley y se va a tener presente en el Reglamento de la Ley, que está en etapa de tramitación.

"Es una solución muy sencilla que no interfiere para nada al contenido de la ley pues, como ahora afirmamos, la ley no vulnera ninguna rivalidad ni normativa en vigor", ha defendido la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, quien ha recordado que el Estado "amenaza con el recurso de inconstitucionalidad toda vez que el Parlamento aprueba una ley o decreto".

Carazo ha subrayado que este acuerdo es "de enorme trascendencia, ya que impide el recurso de inconstitucionalidad del Estado y fortalece la seguridad jurídica de la regla que regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía desde el mes pasado de diciembre".

En este sentido la consejera ha apuntado que espera que tampoco tenga ningún paseo el recurso de inconstitucionalidad anunciado durante más de 50 miembros del congreso de los diputados de Unidas Podemos y de representantes en el Congreso de ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias, que aceptó a trámite el Tribunal Constitucional en el tercer mes del año.

Este acuerdo entre las dos gestiones va a deber publicarse tanto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) como en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía la aprobó el 25 de noviembre de 2021 el Parlamento de Andalucía, una vez que fuera rechazada en una primera ocasión en el mes de julio tras recibir una enmienda a la integridad y seguir la Asamblea Legislativa andaluza a su devolución al Consejo de Gobierno.

La regla se aprobó, al final, con los votos de PP, CS, Vox y la abstención del PSOE.

El 21 de marzo del año en curso las dos gestiones comunicaron al Tribunal Constitucional su acuerdo para hacer y solucionar las disconformidades sobre esos 42 productos y unos cuantos disposiciones, en lo que suponía el comienzo de una negociación sobre los productos 7, 8, 9, diez, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 50, 51, 61, 70, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 92, 94, 96, 99, 101, 102, 103, 105, 118, 121, 136, 137, 139, 153, 155, 169, predisposición agregada 9ª y predisposición final 5ª de la Ley 7/2021.

La disputa jurídica sobre la Lista queda a cargo de la resolución del recurso de inconstitucional que interpuso, entre otros conjuntos parlamentarias, Unidas Podemos por Andalucía, que en la presente legislatura se llama Por Andalucía.

Entre los probables "fundamentos de inconstitucionalidad" argumentados por Por Andalucía aparecen la resolución del entonces Gobierno de coalición de PP-A y Cs de gestionar la regla por el trámite de urgencia "en el momento en que constitucionalmente no está justificado llevarlo a cabo para gestionar una regla sobre urbanismo que no precisaba de aprobación urgente", tal como la supuesta vulneración del principio de autonomía local.

El Gobierno andaluz adujo en ese sentido que la crisis económica por la pandemia del Covid, entre otros muchos fundamentos, justificaban la aprobación por urgencia de una ley que procuraba la reactivación económica y tenía un extenso respaldo de los municipios y del ámbito.

El recurso de inconstitucionalidad de Por Andalucía demanda "la inconstitucionalidad y coherente nulidad" de la Lista y, caso de que el tribunal no estime esa solicitud, que cuando menos "declare la inconstitucionalidad y nulidad" de los productos 19.1 a); 21.1 y 2.b); 22.1 y 2; 50; 53; 137.2 f; 151.1 y 153.1 f; la Disposición agregada cuarta y la Disposición Derogatoria 2 f.

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