El pasado 24 de julio, la delegada de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Huelva, Lucía Núñez, expresó su descontento ante la decisión del Gobierno de negar la línea de ayudas para los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de hidrógeno verde en el caso de las instalaciones de Palos I y Palos II de Iberdrola. Estos proyectos, que han sido reconocidos como de interés común europeo por la Unión Europea en septiembre de 2022, han sido excluidos, según Núñez, dejando una vez más a la provincia en un segundo plano.

La delegada dijo sentirse decepcionada por esta noticia y señaló que la Junta no va a permitir que el proyecto se detenga, a pesar de que la financiación denegada pone en peligro una inversión de 1.150 millones de euros y la creación de 3.600 puestos de trabajo tanto en Huelva como en la provincia en general.

Núñez detalló que Palos I y Palos II de Iberdrola son proyectos de gran envergadura, con una capacidad de generación de energía de 200 megavatios en la primera fase y 360 megavatios en la segunda. Estos se encuentran en una etapa avanzada de desarrollo, en contraste con el proyecto de Puertollano, que no cuenta con ninguna autorización ni trámite administrativo.

La falta de transparencia en los criterios utilizados por el Gobierno para asignar la ayuda a Puertollano y rechazar a Huelva ha generado molestia en la Junta, que ve esta decisión como un posible ataque político a Andalucía. Según Núñez, la asignación arbitraria de fondos muestra una falta de lógica y perjudica el desarrollo de la región.

Ante esta situación, el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha enviado una carta al Gobierno expresando la decepción de la Junta y la preocupación por el futuro de un proyecto tan importante. La incertidumbre respecto a la viabilidad de la iniciativa y la posible pérdida de los empleos asociados son motivo de gran inquietud para las autoridades locales.

En última instancia, la delegada afirmó que la Junta continuará trabajando para evitar que el proyecto se paralice y para presionar al Gobierno para que reconsidere su decisión y evalúe de manera más justa los requisitos técnicos y la importancia del proyecto para la transición energética y la descarbonización en la región.