La reciente noticia sobre el juicio relacionado con los ERE de Fertiberia ha dejado en el aire interrogantes significativos sobre la gestión de ayudas públicas en Andalucía. En este contexto, es crucial aclarar que la intención de la Junta de Andalucía de recuperar los 9,7 millones de euros concedidos a Fertiberia no implica una renuncia a la acción civil, un aspecto que la administración ha querido destacar para asegurar que se mantendrán firmes en su postura de exigir responsabilidades.

Este juicio, que ha concluido su última sesión en la Audiencia de Sevilla, involucra al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Daniel Alberto Rivera, y a un ex funcionario de CCOO-A, Juan Antonio Florido, quienes enfrentan graves acusaciones de prevaricación y malversación de fondos. Los hechos se centran en la entrega irregular de más de 9,76 millones de euros por parte de la Junta, que se destinaron a pólizas de seguro de rentas de extrabajadores, a pesar de que Fertiberia no solicitó ayuda alguna para dichos fines.

Durante esta crucial sesión, la fiscal del caso no solo reiteró su acusación, sino que también ajustó sus demandas de pena, rebajando la propuesta de condena para Florido a cinco años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta. A pesar de la reducción, las acusaciones mantienen un peso considerable, evidenciando la gravedad de los presuntos delitos cometidos en el manejo de estos fondos públicos.

Según la fiscal, la participación de ambos acusados ha quedado sobradamente demostrada. En particular, se refirió al ERE de 2003, que implicó la extinción de 166 empleos en Fertiberia, donde la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Trabajo y la Agencia IDEA, otorgó ayudas que no se habían solicitado. Este hecho ha llevado a cuestionamientos sobre la legitimidad de dichos desembolsos, que se consideran como auténticas ayudas a la compañía, totalmente desvinculadas de los procedimientos legales establecidos.

La fiscalía argumenta que las ayudas se concedieron mediante un mecanismo supuestamente ilícito, donde se concertaron trámites para que los extrabajadores pudieran acceder a una baja incentivada, lo que generó pagos duplicados en concepto de indemnización y ayudas. Estos acontecimientos han domado un marco donde el cumplimiento de la ley parece haberse ignorado en favor de decisiones arbitrarias que solo favorecieron a la empresa.

Particularmente alarmante es el hecho de que se incluyan 7,5 millones de euros para pólizas de un ERE de 2009 sin un registro claro de pago. Esto pone de manifiesto una falta de control y supervisión por parte de la Junta en la gestión de estas subvenciones, una situación que podría tener implicaciones políticas serias, especialmente en lo que respecta a la transparencia y eficacia en el uso de recursos públicos.

En un giro interesante, el ex director general, Daniel Alberto Rivera, ha defendido su actuación manifestando que él se limitaba a firmar documentos que le presentaban, sin conocimiento de la tela que había detrás de ellas. Alegó que confiaba en que las ayudas estaban fundamentadas y no había motivo para sospechar de irregularidades. Sin embargo, este razonamiento ha sido desestimado por la fiscalía, que sostiene que su nivel de responsabilidad requiere un mayor grado de diligencia, especialmente dadas las irregularidades instauradas en el funcionamiento del sistema de ayudas.

El abogado representante de la Junta ha hecho hincapié en que la reciente doctrina del Tribunal Supremo puede complicar la acusación, al sugerir que no se han presentado pruebas de "intrusos" que se beneficiaran indebidamente de las prejubilaciones. Esto ha llevado a solicitar el sobreseimiento de la causa, aunque sin exonerar a los acusados de la posible responsabilidad civil relacionada con la recuperación de los fondos mal administrados.

La situación jurídica de Rivera, por su parte, ha sido defendida por su abogada, quien ha argumentado que no era posible que conociera los pormenores de irregularidades anteriores a su llegada en 2010. Al parecer, su papel en el proceso estuvo limitado a cumplir órdenes superiores, lo que podría ir dando cierta base a su defensa, aunque el tribunal aún debe decidir sobre el peso de estas justificaciones frente a las acusaciones planteadas.