La Junta de Andalucía ha salido al paso este martes desmintiendo categóricamente las acusaciones de supuesto fraude en la adjudicación de 458 millones de euros por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), entidad vinculada a la Consejería de Salud y Consumo. Según el Gobierno regional, "ningún informe de auditoría respalda esas afirmaciones falsas".

Ante la noticia difundida por eldiario.es, desde la Junta se ha señalado al PSOE-A de utilizar los informes de auditoría proporcionados por el Gobierno andaluz de manera tergiversada, en un intento de distraer la atención tras el escándalo de enchufes y borrado de ordenadores en el caso Faffe, que involucra a familiares directos de destacados miembros del PSOE.

En concreto, se ha aclarado que los 458,3 millones de euros corresponden a la suma total de contratos menores realizados en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén durante el año 2021. De un total de 295,914 contratos menores, solo se analizaron 573 por parte de los interventores, lo que representa un ínfimo 0,19%. Es por ello que se considera que hablar de fraude de ley en todos los contratos es una afirmación carente de fundamento y rigor.

Según la Junta, el contrato menor es una figura legal válida y en ningún caso se ha detectado desvío de fondos públicos en estas transacciones, que sirvieron para adquirir medicamentos, prótesis, marcapasos y otros materiales necesarios para la atención sanitaria de los ciudadanos. Es importante recordar que estos insumos han sido utilizados para tratar a pacientes y resolver problemas de salud concretos.

La Junta ha criticado duramente la estrategia del PSOE de difundir desinformación en redes sociales para tapar sus propios escándalos, y ha instado al secretario general del partido, Juan Espadas, a reflexionar y detener la difusión de información errónea que pueda dañar la reputación de la sanidad pública de Andalucía.

Finalmente, se ha recordado que el Gobierno andaluz proporcionó al PSOE un total de 68 informes de auditoría como muestra de transparencia, pero que estos están siendo utilizados de manera tergiversada por el partido político en un intento de desviar la atención de los problemas internos, como el caso Faffe y las acusaciones de nepotismo que lo rodean.