La Junta exige un estatuto fiscal para el Campo de Gibraltar ante la falta de acuerdo con el Gobierno
El Gobierno andaluz ha criticado la postura del Gobierno español en las negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar, calificando su actitud de "ingenua" y su estrategia como "precipitada" y mal enfocada al centrarse en la respuesta de la colonia británica en lugar de la del Reino Unido.
En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha reiterado la necesidad de un "estatuto fiscal especial" para los municipios del Campo de Gibraltar, que les permita competir en igualdad de condiciones con Gibraltar en temas impositivos como el Impuesto de Sociedades.
Sanz ha criticado la actitud del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acusándolo de ser "ingenuo" y de no tener suficiente ambición para defender los intereses del Campo de Gibraltar en las negociaciones.
El consejero ha señalado una serie de temas que considera que el Gobierno español ha dejado fuera de las negociaciones, como la competencia fiscal desleal, la seguridad de los pescadores y los problemas ambientales como la contaminación de aguas y residuos en Gibraltar.
Además, Sanz ha exigido un "plan B" en las negociaciones y ha llamado a la Unión Europea a liderar este plan junto a España para garantizar los intereses de los ciudadanos del Campo de Gibraltar.
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunió con el embajador de Reino Unido en España, Alexander Wykeham Ellis, para expresar la importancia del entendimiento entre ambos países en las negociaciones sobre Gibraltar.
Andalucía es un destino turístico muy popular entre los británicos, con más de 90.000 residentes británicos en la comunidad y más de 20.000 andaluces viviendo en el Reino Unido. La región también es atractiva para los inversores británicos, con un aumento del 20% en las inversiones en 2023 y 195 millones de euros destinados por empresas británicas a sectores como las telecomunicaciones y la educación en Andalucía.
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