En Sevilla, el 8 de diciembre, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha dado un paso significativo al adjudicar la conservación de cerca de 3.385 kilómetros de carreteras de su titularidad, con un presupuesto que supera los 73 millones de euros. Este movimiento del Gobierno regional se enmarca dentro de un esfuerzo mayor: la renovación de contratos de mantenimiento en el 63% de la extensa red viaria andaluza que abarca más de 10.500 kilómetros, un proceso que, según las autoridades, comenzó a principios de año.

La consejera responsable de esta cartera, Rocío Díaz, ha subrayado los logros del Gobierno de Juanma Moreno, enfatizando que ha actuado “en tiempo y forma” para garantizar la continuidad de los servicios que aseguran la vialidad en las carreteras de la región. "Nuestro objetivo era evitar la problemáticas que heredamos en 2019, donde una gran parte de los contratos se encontraban caducados o próximos a expirar debido a la ineficacia de las administraciones anteriores", comentó la consejera. Además, destacó que el aumento presupuestario incorporado a estos nuevos contratos representa una inversión crucial en seguridad vial y protección de vidas humanas.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno andaluz, estos contratos abarcarán cinco provincias: Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, con una duración inicial de tres años que podría extenderse por dos años adicionales. Un punto a resaltar es la inclusión de una revisión ordinaria de precios en estos contratos, reformulada de acuerdo a la nueva legislación sobre Contratos del Sector Público. Esta revisión se suma a la posibilidad de ajustes excepcionales para las tarifas de conservación en 2023, una petición generada desde el sector que busca mitigar los impactos de la escalada de precios en materiales.

La nueva propuesta contractual no solo contempla la mejora en la infraestructura viaria, sino que también introduce importantes reformas laborales para garantizar que las empresas cumplan de manera efectiva con sus responsabilidades salariales hacia el personal involucrado en los trabajos de conservación. Esto, según los responsables de la Consejería, no solo garantiza un servicio continuo las 24 horas durante todo el año, sino que también promueve condiciones dignas para los trabajadores del sector.

La Consejería completa así la segunda etapa de un proceso de contratación que tiene como objetivo impedir el desastre que se vivió a principios de 2019, cuando el nuevo Gobierno andaluz se vio obligado a recurrir a medidas de emergencia porque la mayoría de los contratos de mantenimiento estaban caducados o a punto de expirar sin opciones de prórroga.

En esta segunda fase se incluyen lotes que asegurarán la vialidad de varias áreas, entre ellas, la zona Norte de la provincia de Cádiz (425 kilómetros), la zona Sureste de Córdoba (297 kilómetros), y diversas regiones de Huelva, Granada, Jaén y Sevilla, sumando un total de 991 kilómetros en la capital hispalense. A medida que avancen los trámites, se prevé la licitación del resto de contratos en las ocho provincias andaluzas, con el objetivo de alcanzar los 36 lotes necesarios para cubrir los más de 10.500 kilómetros de carreteras a cargo de la Junta.

Es importante señalar que la red viaria de Andalucía se coloca como la segunda más extensa del país. Dado que una porción significativa de estas vías son de gran capacidad, la Consejería ha enfatizado la necesidad de dedicar mayores recursos a su adecuado mantenimiento. Las actividades de conservación son esenciales para garantizar que la movilidad transcurra en condiciones óptimas y seguras, implicando intervenciones que abarcan desde reparaciones en el pavimento y mantenimiento del drenaje, hasta la poda de la vegetación en márgenes y el cuidado de la señalización y balizamiento.

Las operaciones de conservación tienen como objetivo primordial asegurar que las carreteras se mantengan "en condiciones normales de vialidad". En este sentido, las empresas adjudicatarias llevarán a cabo diversas operaciones iniciales que incluyen reparaciones necesarias y el soporte a la explotación de la red. Esto abarca también el mantenimiento de las instalaciones vitales para el funcionamiento de los servicios de conservación. Por último, se contemplan intervenciones destinadas a responder a situaciones excepcionales que requieran la acción inmediata de los equipos de mantenimiento.