La Junta paga más de 20 millones por factura de Clínicas Pascual de 68 días.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el pago de 20,87 millones de euros al Grupo José Manuel Pascual Pascual SA por la prestación del servicio en sus centros sanitarios de la provincia de Cádiz durante 68 días, entre el 1 de abril y 7 de junio de 2022, a cuenta de un contrato verbal que declaró nulo. La propuesta fue validada en la reunión del Consejo celebrada el 23 de mayo.
El título del informe solicitado por la Junta de Andalucía al Consejo Consultivo es "Solicitud de dictamen en el procedimiento para la revisión de oficio del contrato verbal adjudicado a la empresa José Manuel Pascual Pascual SA". El contrato que declaró nulo el Gobierno andaluz tenía que ver con la prestación del servicio en los hospitales del grupo Pascual Santa María del Puerto de El Puerto de Santa María; Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda y Virgen de las Montañas de Villamartín, todos en la provincia de Cádiz.
El gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, inició un procedimiento de revisión de oficio para la declaración de la nulidad del contrato el 28 de octubre de 2022. En marzo de este año, el gerente del SAS acuerda declarar esa nulidad y abonar al grupo esos 20,87 millones de euros, según el expediente consultado por Europa Press.
La exposición de motivos del acuerdo del Consejo de Gobierno explica que el SAS suscribió en junio de 2017 un contrato para la disponibilidad asistencial de esos tres hospitales homologados del grupo José Manuel Pascual en la provincia de Cádiz, cuyo plazo de ejecución era de cuatro años desde su formalización y expiró el 7 de junio de 2021.
Según el informe del gerente del SAS, la continuación de la prestación del servicio por parte del Grupo Pascual, aún sin existir un contrato, lleva a que el SAS entienda que "se ha de abonar la asistencia prestada al objeto de que el contratista pueda asumir sus obligaciones laborales, fiscales y de cualquier otra naturaleza". El SAS concluye, sobre la base de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en ese caso "se trata de un acto nulo de pleno derecho" y que entonces procede a "la revisión de oficio para la declaración de nulidad... de la contratación realizada entre el Servicio Andaluz de Salud y la empresa José Manuel Pascual Pascual SA, de prestación de asistencia sanitaria especializada, de carácter programado y urgente a los usuarios de la citada Agencia, en los Hospitales propiedad de la Empresa en las localidades de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, durante el período comprendido entre el 1 de abril a 7 de junio de 2022".
Esta propuesta de resolución del contrato y su posterior pago por el servicio recibido ha contado con el aval de la Asesoría Jurídica del SAS y del Consejo Consultivo de Andalucía, aunque este último se declaró a favor de que al grupo sanitario se le hubiese pagado un 6% en concepto de beneficio industrial, como reclamaba Clínicas Pascual en las facturas remitidas al Gobierno andaluz. En ese caso la cantidad adeudada habría ascendido a 22,12 millones de euros.
Este pago se suma al acuerdo que validó el Pleno del Parlamento de Andalucía el 12 de diciembre de 2022, un decreto de autorización al SAS para firmar un acuerdo transaccional con el grupo José Manuel Pascual Pascual SA, para el pago de 121 millones de euros a la empresa para que desistiera de los procedimientos judiciales abiertos contra el Gobierno andaluz por la resolución de contratos anteriores. El acuerdo se prevé liquidar en cinco pagos anuales de 24,21 millones, con la primera anualidad antes del 31 de marzo de este año.
La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, sostuvo en su defensa de la iniciativa ante el Parlamento que ese acuerdo extrajudicial ahorraba un 55% a las arcas públicas autonómicas por cuanto la reclamación judicial de la empresa era de 242 millones más intereses, que cifró en 39 millones de euros. La consejera reconoció que se trataba de "un gasto extraordinario del SAS" pero que traerá un ahorro en previsión de evitar la acumulación de fallos judiciales favorables al Grupo José Manuel Pascual Pascal.
El contencioso entre la Junta de Andalucía y el Grupo Pascual Pascual tenía que ver con la concertación de la Clínica Santa María del Puerto (El Puerto de Santa María, Cádiz); Virgen de las Montañas (Villamartín, Cádiz); Virgen del Camino (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz); San Rafael (Cádiz); Blanca Paloma (Huelva); y Facultativo Doctor Pascual (Málaga).