La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha salido a la defensa de los contratos menores realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ante las acusaciones del PSOE de Andalucía de posible malversación y prevaricación. En el marco de la presentación del Plan Estratégico Andaluz para el Abordaje de las Hepatitis Víricas, Hernández ha afirmado contundentemente que no existe ningún fraude y que la Junta ha actuado con total transparencia al facilitar esos contratos para su escrutinio.
La consejera de Salud ha subrayado que los contratos realizados por el SAS tienen como objetivo principal garantizar la asistencia sanitaria de forma ágil y eficiente. En este sentido, ha enfatizado que la Junta está cumpliendo con la legalidad vigente y que cualquier salvedad encontrada por Intervención está siendo corregida de manera oportuna.
Por su parte, la Junta de Andalucía ha desmentido categóricamente las acusaciones de fraude en la adjudicación de 458 millones de euros en contratos menores por parte del SAS. El Gobierno andaluz ha acusado al PSOE-A de utilizar de manera tergiversada los informes de auditoría proporcionados para tapar el escándalo del caso Faffe, en el que están implicados familiares directos de importantes cargos políticos socialistas.
La Junta ha aclarado que los 458,3 millones de euros corresponden a la suma total de contratos menores en las centrales de compras del SAS en varias provincias andaluzas en el año 2021. La muestra analizada por los interventores representa solo el 0,19% de los contratos menores realizados, por lo que extrapolaciones apresuradas sobre un presunto fraude carecen de rigor.
En cuanto a la legalidad de los contratos menores, la Junta ha asegurado que en ningún caso se ha detectado un desvío de fondos públicos y que los materiales adquiridos han sido utilizados en beneficio de los pacientes. Asimismo, ha criticado la campaña de desinformación promovida por el PSOE en redes sociales para encubrir sus propios escándalos.
Finalmente, la Junta ha recordado que facilitó al PSOE 68 informes de auditoría en un acto de transparencia sin precedentes en Andalucía, y ha instado al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, a detener la difusión de información tendenciosa en su intento por manchar la reputación de la sanidad pública en la región.
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