El Gobierno de Andalucía, encabezado por el partido popular, ha decidido adoptar una postura contraria a la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento. Este proyecto busca modificar la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, estableciendo una disminución legal y obligatoria del número de alumnos por clase, además de forzar la creación de un Plan Andaluz de Simplificación Administrativa en el ámbito educativo.

Según el acuerdo del Consejo de Gobierno, que fue adoptado el 15 de octubre, la administración andaluza argumenta que ya se están implementando medidas para mejorar las ratios en las aulas y optimizar la atención a la diversidad, en colaboración con los sindicatos. A su juicio, la propuesta del PSOE carece de rigor y está desconectada de la situación económica real.

El Gobierno andaluz también señala que la norma estatal establece criterios claros sobre el número de alumnos admitidos por clase, fijando un máximo de 25 en educación primaria y 30 en secundaria. Recuerda que estos estándares son aplicables a todas las comunidades autónomas, garantizando así una homogeneidad en la educación a nivel nacional.

Asimismo, la Junta de Andalucía ha iniciado un plan que avanza hacia la reducción gradual de las ratios escolares, un objetivo que se ha incorporado de manera estable en su planificación educativa. Esto incluye un acuerdo para disminuir la ratio en la educación infantil, que pasará de 25 a 22 alumnos, iniciándose en el curso 2026/2027 y extendiéndose posteriormente a la educación primaria.

El Ejecutivo regional destaca que, aunque la propuesta del PSOE parece alinearse en principio con sus objetivos, carece de un soporte técnico sólido y no incluye una memoria económica que garantice su viabilidad. La Junta considera que el aumento de unidades escolares, que sobrepasaría las 28.000, requeriría la contratación de más de 45.000 nuevos docentes, un costo anual que podría superar los 3.750 millones de euros.

Además, el gasto en infraestructuras y equipamientos necesarios para adaptar las escuelas a las nuevas condiciones podría añadir más de 2.000 millones en el mediano plazo, lo que plantea un gran desafío financiero para la comunidad autónoma.

Por otro lado, en relación a la creación de un Plan Andaluz de Simplificación Administrativa, el Gobierno considera que ya se están llevando a cabo iniciativas en ese sentido y que la propuesta del PSOE, de ser implementada, podría aumentar la burocracia, en lugar de simplificarla. Resaltan que están trabajando en un proyecto normativo que será negociado con los agentes sociales y que no requiere de una nueva normativa impuesta.

En resumen, el Gobierno andaluz ha concluido que aunque la propuesta socialista tiene aspectos que podrían ser beneficiosos, adolece de un marco económico sólido y no presenta las soluciones necesarias para garantizar su efectiva implementación, lo que motiva su rechazo a considerar esta iniciativa legislativa en el Parlamento.