La Junta sancionará al Irlandesas Loreto por incumplir protocolos en caso Sandra Peña

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones ha anunciado la apertura de un expediente sancionador contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla. La decisión llega pese al archivo de la querella presentada por la familia de Sandra Peña, la menor que presuntamente se suicidó en octubre de 2022 tras sufrir acoso escolar.

El caso ha puesto en el centro del debate la gestión de los protocolos de actuación en casos de acoso en centros educativos. La Fiscalía consideró que, aunque no se activó formalmente el protocolo, se adoptaron medidas para separar a las posibles alumnas acosadoras. Sin embargo, la Administración educativa detectó que no se siguieron los procedimientos establecidos y ha decidido actuar en consecuencia.

Este incidente evidencia las dificultades en la implementación efectiva de las normativas contra el acoso escolar y la necesidad de reforzar los controles y protocolos en el sistema educativo. La Junta ha señalado que, tras la finalización de una Comisión de Conciliación sin acuerdo, corresponde ahora sancionar al centro por incumplimiento de las obligaciones legales.

Desde el punto de vista político, la gestión del caso ha generado tensión entre las administraciones educativas y judiciales. La Consejería ha insistido en que esperará a las conclusiones de la Fiscalía de Menores y a las decisiones judiciales antes de determinar las sanciones definitivas, que podrían incluir desde advertencias hasta la pérdida del concierto educativo.

El caso Sandra Peña ha reavivado el debate sobre la necesidad de una mayor supervisión y formación en los centros para prevenir el acoso escolar. La comunidad educativa y las instituciones están llamadas a revisar y fortalecer los protocolos para evitar tragedias similares en el futuro.

En un contexto más amplio, este suceso evidencia los desafíos en la protección de derechos de los menores en el ámbito escolar y la importancia de una respuesta coordinada entre administración, centros educativos y justicia. La resolución de este caso marcará un precedente en la gestión de la normativa contra el acoso en Andalucía.