SEVILLA, 24 Nov.

Los órganos judiciales andaluces han registrado hasta el momento 230 rebajas de condena como resultado de la redacción inicial de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. Esta ley unificó los delitos de abuso y agresión en un solo tipo y estableció que, en caso de colisión entre dos normas penales de vigencia temporal diferente, se aplicaría la pena más favorable para el acusado. Estas rebajas han llevado a 27 personas a ser excarceladas.

Estos datos se desprenden del último recuento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estima que en toda España se han producido al menos 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones debido a la entrada en vigor de la ley del "solo sí es sí". Estos datos se recopilaron hasta el 1 de noviembre y fueron recogidos por Europa Press.

En relación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se han registrado 25 rebajas de pena que han llevado a una persona a ser excarcelada. Por su parte, la Audiencia de Almería ha realizado 39 reducciones de pena y ha excarcelado a cuatro personas después de revisar 128 casos. En la Audiencia de Cádiz, se han registrado 50 rebajas de pena y ocho excarcelaciones. En la Audiencia de Córdoba, se han realizado 15 reducciones de condena y dos excarcelaciones después de revisar 50 casos. La Audiencia de Granada ha registrado 19 rebajas de pena y una liberación tras revisar 35 sentencias. En Huelva, se han realizado nueve revisiones a la baja y dos excarcelaciones después de revisar 61 casos. La Audiencia de Jaén ha registrado cinco reducciones de pena tras 15 revisiones. En Málaga, se han realizado 27 rebajas de pena y tres excarcelaciones. Por último, Sevilla ha registrado 41 reducciones de pena y seis excarcelaciones después de revisar 142 casos.

En total, todos estos tribunales andaluces han revisado al menos 533 sentencias condenatorias. Aunque no se disponen de datos sobre el número de revisiones en algunas de estas instancias, todas ellas han registrado reducciones de pena y excarcelaciones.

Como resultado de esta situación, el PSOE y el PP acordaron una reforma de la ley controvertida, sin el apoyo de Unidas Podemos, que forma parte del gobierno junto con los socialistas.

La reforma fue aprobada primero en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PSOE, PP, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria y Navarra Suma. Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís y CUP votaron en contra, Junts se abstuvo y Vox no votó.

Posteriormente, la reforma fue aprobada en el Senado con una votación similar y al no haberse introducido modificaciones en el texto desde que salió del Congreso, la nueva norma no tuvo que volver a la Cámara baja y entró en vigor el 29 de abril pasado, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).