• jueves 06 de octubre del 2022

La novedosa Ley andaluza de Función Pública valorará el trabajo de gobernantes y la Junta expone apresurar su tramitación

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SEVILLA, 7 Sep.

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este miércoles el anteproyecto de Ley de Función Pública, que, por ejemplo cuestiones, incluye la evaluación del desempeño del personal de la Administración andaluza, y para la que el asesor de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, va a proponer que se tramite en el Parlamento por el trámite de urgencia para acortar plazos.

Así lo anunció nuestro asesor en la rueda de prensa posterior a la asamblea del Consejo de Gobierno, donde ha defendido que esta "será una de las considerables leyes de esta legislatura" y "va a sospechar un cambio extremista en la manera de concebir y organizar la administración pública andaluza" y los gobernantes en la red social autónoma.

Nieto asimismo ha aseverado que "no es la Ley de Función Pública del Gobierno de Juanma Moreno o del PP", sino es "la ley del consenso, del acuerdo" con sindicatos, tras una negociación donde "todos hemos cedido y ayudado a que se llegue a algún punto" en concordancia "a fin de que esta sea la ley de todos".

Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, el anteproyecto se remite al Parlamento a fin de que se tramite como emprendimiento de ley, y sobre esto el asesor de Justicia anunció que va a proponer a los conjuntos parlamentarios si eligen que se tramite "de urgencia para acortar los plazos", o desean "una tramitación ordinaria donde se logre ver detenidamente el contenido de la ley".

Nieto explicó que los sindicatos le pidieron en las asambleas que mantuvo este verano con ellos que "se tramite por el trámite de urgencia y se respete el acuerdo alcanzado por las organizaciones sindicales", y ha añadido que "en esa línea va a ir el Gobierno", y confía en que "los conjuntos comprendan lo inusual y lo esencial de una regla de esta clase que piensa un enorme esfuerzo" para el Ejecutivo y "muchas horas de trabajo".

El artículo reemplazará a la presente ley, que data de 1985, y reúne en una única regla todas y cada una de las materias relacionadas al régimen jurídico de la función pública en Andalucía con el objetivo de "atraer, desarrollar y retener el talento humano", según ha defendido el asesor.

Para ello, el anteproyecto de ley, que tiene todos y cada uno de los reportes preceptivos convenientes, apuesta por "remarcar la capacitación continua, hacer más ágil los procesos selectivos, profesionalizar la figura del personal directivo, prosperar la carrera de los usados públicos, incitar la eficacia y beneficiar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar regulando, entre otras muchas cosas, el trabajo a distancia".

El artículo se composición en 177 productos, organizados en 13 títulos, 17 disposiciones auxiliares, seis disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias y 2 disposiciones finales.

Entre las primordiales noticias que recopila en relación a la legislación previo resalta primeramente que la potestad de cambiar y aprobar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en la Administración de la Junta de Andalucía recae sobre el titular de Función Pública en vez de en el Consejo de Gobierno como hasta la actualidad.

La futura regla asimismo recopila las funcionalidades que corresponden a las distintas tipologías de usados públicos --funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y eventual--, tal como las potestades públicas que van a ser desempeñadas de manera única por el plantel funcionario.

Además, contempla la regulación de la dirección pública profesional de manera que se establece un sistema de selección del personal directivo por convocatoria pública y "atendiendo a los principios de aptitud, conocimiento y rivalidad", para lo que se va a crear una comisión sin dependencia, y un régimen jurídico y retributivo con una sección variable en función de objetivos marcados en los pactos de administración, cuya evaluación asimismo determinará la continuidad en el puesto.

El directivo público profesional asimismo aceptará "obligaciones éticas y de capacitación". Según protege la Junta, la meta es ser mucho más transparente en la selección y hacer más simple seleccionar a los más destacados para ocupar puestos directivos en labras de una administración eficiente y eficaz.

Por otro lado, con esta ley se tiene dentro la oportunidad de teletrabajar, en el momento en que el puesto lo deje, reconociendo además de esto la "precisa desconexión digital".

Otro aspecto que no se encontraba regulado en la previo ley es la capacitación, la educación y la acreditación de competencias, cuyos conceptos se definen y se recogen tanto como derecho y como deber.

Para "atraer y retener el talento profesional" a la Función Pública, la regla incluye entre las "solicitudes históricas" de los gobernantes, la carrera, según ha señalado José Antonio Nieto. Así, el plantel funcionario de carrera y también interino --el plantel laboral tiene regulado los métodos en los convenios colectivos y el Estatuto de los Trabajadores-- va a tener "ocasiones de ascenso y promoción sin necesidad de mudar de puesto merced a la percepción de este nuevo término retributivo".

Para ello se marcha a entablar un sistema de tramos en función de los resultados que se consiguieron siendo evaluados.

La ley prevé un trámite de evaluación "transparente, propósito, confiable y también ecuánime" con el propósito de "recompensar y admitir el trabajo productivo sabiendo conceptos como el nivel de interés, la idea o la participación".

Una evaluación efectiva acarreará complementos retributivos por desempeño, que se sumarán a los que corresponden de carrera, nivel competencial y puesto.

En la situacion de la evaluación negativa, se va a deber hacer un programa de capacitación concreta. En en el caso de que se repita de manera sucesiva, limitará la evaluación de los méritos en los concursos de traslado y, si la situación persiste, se resolverá de manera normativa.

El anteproyecto de Ley de Función Pública asimismo quiere adecuar el género de prueba a sobrepasar con el desempeño de las funcionalidades a desarrollar en los cargos laborales citados. Asimismo, se establecen métodos que dejen hacer más ágil la provisión de puestos, como por servirnos de un ejemplo una exclusiva modalidad de certamen abierto y persistente o la reducción de los plazos de convocatoria y resolución.

El artículo normativo aprobado por el Consejo de Gobierno asimismo recopila la creación de 2 nuevos órganos, como son una Comisión de Coordinación del Empleo Público en Andalucía, que actuará como órgano técnico de solicitud, consejos para la coordinación de la política de empleo de todas y cada una de las gestiones públicas de la red social; y un órgano administrativo de resolución de enfrentamientos en temas de personal que busca unificar criterios y achicar la judicialización de estos temas.

Por último, por vez primera se recopila en una regla autonómica andaluza el régimen disciplinario de la función pública, lo que da seguridad jurídica al ofrecerle rango de Ley.

La regla, que va a entrar en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) cuando concluya el trámite parlamentario, va a ser de app a todos y cada uno de los usados públicos de las gestiones andaluzas, con respeto de la normativa propia y concreta de ciertos campos y ámbitos como el plantel estatutario de sanidad y educación, tal como a la autonomía local y universitaria.

En la situacion de la Junta de Andalucía se aplica al personal funcionario y al personal laboral de la Administración general, al personal contratado por entidades instrumentales, a los directivos públicos expertos y, en la situacion de los casuales, en aquello que se aplicable a la naturaleza de su condición.

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