SEVILLA, 19 de noviembre. La nueva Ley de la Ciencia en Andalucía propone un cambio radical en la estructura de financiamiento para la investigación, buscando transformar la relación actual entre inversión pública y privada, que actualmente es del 30% y 70% respectivamente. Este proyecto también impulsará el mecenazgo en el ámbito científico, creando un Consejo de Mecenazgo destinado a evaluar incentivos fiscales, que deberán contar con la aprobación del Gobierno.

José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, compartió estos detalles en una conferencia de prensa después de la reunión del Consejo de Gobierno del miércoles, donde se aprobó la anticipada Ley de la Ciencia. Este nuevo marco legal tiene como prioridad la mejora de la investigación, con especial atención a las iniciativas en I+D biomédica, la internacionalización del conocimiento y la integración de los avances científicos en la sociedad mediante la regulación de la ciencia abierta.

El proyecto ha sido presentado tras un periodo de consulta pública y la revisión por parte de organismos como el Gabinete Jurídico de la Junta y el Consejo Andaluz de Universidades. Ahora se llevará al Parlamento de Andalucía para su discusión, reemplazando la ley vigente desde 2007, que requiere una actualización para reflejar la realidad actual del ámbito investigador.

Uno de los pilares fundamentales de esta nueva normativa es el establecimiento del Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex), cuyo propósito es identificar y certificar a las entidades más sobresalientes en la comunidad científica andaluza. Este reconocimiento estará basado en indicadores medibles y homologables internacionalmente, garantizando la calidad y la distinción de las unidades de investigación que logren esta certificación.

Complementando este sistema, se creará el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2), el cual se integrará en la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua). Las unidades de Excelencia en Andalucía estarán diseñadas para fortalecer la colaboración entre distintas áreas de investigación y mantendrán lazos significativos con el sector empresarial, recibiendo financiación específica para desarrollar planes estratégicos que consoliden su liderazgo científico.

La nueva ley también introduce la figura del personal tecnólogo, cualificado en la aplicación de tecnologías para el desarrollo de productos específicos. Además, prevé mejoras en la gobernanza del sistema de conocimiento andaluz, estableciendo nuevos órganos que facilitarán la coordinación entre entidades públicas y privadas.

Se constituirán instancias como la Comisión Interdepartamental de Investigación, Tecnología e Innovación, presidida por el presidente de la Junta, junto con un Consejo Asesor y un Comité de Integridad Científica, que actuarán como foros de debate y reflexión en temas éticos y de política científica. Asimismo, se desarrollará un sistema de información para monitorear el avance de las políticas de I+D+I en la región.

Para fomentar sinergias entre las universidades y el sector empresarial, la ley creará unidades de Innovación Abierta, compuestas por instituciones académicas y empresas que colaborarán en el desarrollo de investigaciones innovadoras. Además, se promoverán unidades I+D+I dentro de empresas, enfocadas en proyectos experimentales que respondan a necesidades empresariales concretas.

Un aspecto destacado de esta normativa es su compromiso con la investigación biomédica, que se ha fortalecido en los últimos años en Andalucía a través de iniciativas como el Sistema de Investigación e Innovación en Salud. Este sistema agrupa diversas fundaciones e institutos de investigación que han demostrado una eficaz colaboración entre el sector público y el privado.

El Gobierno andaluz también está decidido a promover la internacionalización de la ciencia en la región, considerando imperativo que la investigación andaluza alcance un nivel global. A través de la Activa, se busca que Andalucía exporte innovación y atraiga talento, así como participar activamente en organismos clave en la toma de decisiones sobre financiamiento para I+D, tanto a nivel nacional como europeo.

Finalmente, la propuesta contempla la creación de una comunidad de investigadores andaluces en el extranjero, además de regular la ciencia abierta como una vía para la transferencia de conocimiento, asegurando un acceso sin restricciones a las publicaciones científicas y recursos de investigación esenciales.