La PDL de Doñana queda aplazada según Moreno y se aprobará a finales de octubre en caso de no llegar a un acuerdo.
HUELVA, 4 Oct.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado hoy que la Proposición de Ley (PDL) que busca regularizar los regadíos en la comarca del Condado de Huelva, cerca del Parque Nacional de Doñana, "sigue adelante" y ha sido únicamente pospuesta. Moreno ha declarado que, en caso de no llegar a un acuerdo con el Gobierno central, la ley será aprobada a finales de octubre.
Moreno hizo estas declaraciones después de reunirse ayer con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera. Durante la reunión, se acordó abrir un diálogo con el Gobierno central. Moreno ha explicado que actualmente hay un "inicio de diálogo" en el cual tanto la Junta como el Gobierno "pondrán lo mejor de sí mismos" para encontrar una solución. Sin embargo, ha dejado claro que si no se alcanza un acuerdo, la ley se aprobará tal como está redactada.
"No ha habido cambios, lo único que ha sucedido es que la ministra me llamó personalmente para sentarnos, algo que considero sensato y agradezco. A partir de ahora, daremos lo mejor de nosotros. Lo ideal sería encontrar un acuerdo en el que todas las partes queden satisfechas, incluyendo la economía, el sector agrícola de Huelva, los agricultores y los ecologistas. Debemos ser lo suficientemente audaces para encontrar la solución adecuada para que la mayoría quede contenta", ha declarado Moreno.
El objetivo, según el presidente de la Junta, es trabajar con determinación y dedicación en las próximas cuatro semanas para que esta ley avance. Moreno ha enfatizado que el diálogo entre el Gobierno y la Junta debe ser franco, sincero y riguroso, basado en la generosidad y contando con todos los actores involucrados.
Moreno ha destacado que, si bien aún no hay un acuerdo, él está encantado de poder establecer este diálogo con Ribera. Ha enfatizado la importancia de brindar una solución a las familias agricultoras atrapadas en una situación de alegalidad y ha señalado que necesitan una atención especial por parte de las administraciones estatal y autonómica.