• viernes 07 de octubre del 2022

La promotora de Algarrobico amplía demanda contra la Junta y el Ayuntamiento para reclamar "reparación integral del daño"

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ALMERÍA, 15 Jun.

La promotora del hotel en el paraje de El Algarrobico (Almería) ha ampliado la demanda contra la Junta y el Ayuntamiento de Carboneras presentada frente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para reclamar la "reparación integral" de los daños y perjuicios "patrimoniales, morales, y personales" ocasionados por la actuación "irracionales, irrazonable y arbitraria" de las dos gestiones "alterando" el planeamiento que daba sustento legal a la edificación.

"La compromiso procede de la descoordinación de todas y cada una de las gestiones implicadas en este tema y de la falta de rigor exigibles", mantiene Azata, que traslada al prominente tribunal que está "probado sobradamente" que la ejecución del Plan Parcial del campo ST-1 en el que se levanta el hotel "no se pudo llevar a efecto por culpa" de Junta y Ayuntamiento.

Si bien en este escrito de fecha 3 de junio no específica la cifra económica donde cuantifica la "reparación integral" del daño que manifiesta, en 2017 demandó por la vía administrativa que en este momento recurre en vía judicial un total de 70.042.712,38 euros como Azata del Sol y 28.811.649,93 euros como Azata Patrimonio.

La ampliación de demanda, consultada por Europa Press, persigue desarmar fundamento a fundamento la resolución de la Junta de Andalucía de mayo de 2017 que desechó la reclamación de la promotora por compromiso familiar puesto que el trámite contencioso-administrativo, que estuvo suspendido por prejudicialidad esperando de que la Audiencia Nacional resolviese 2 litigios asimismo por supuesta compromiso familiar, en un caso así de Estado, Ayuntamiento y Junta, se remonta a 2014.

Azata señala que la sentencia de 2012 que reconoce al paraje como región de protección C1 en la normativa ambiental del parque natural Cabo de Gata-Níjar de 1994 "deja claro" que el ámbito ST-1 "jamás debió ser clasificado como urbanizable" por el Ayuntamiento de Carboneras en las Normas Subsidiarias que, a la postre, "dejaron su urbanización y edificación parcial".

Señala que otra sentencia de 2016, donde se insta a la Junta a asistir a la vía civil para anotar a su nombre las fincas del Algarrobico sobre las que ejercitó retracto en 2006 por 2,3 millones de euros, "deja perseverancia" de que este derecho de retracto se ejercitó sobre "una situación material y jurídica que no existía y, por consiguiente, irregularmente".

La promotora del hotel arguye que "no existe margen de tolerancia alguno" en la actuación de la Junta de Andalucía, así como mantiene nuestra administración al proteger que se dirigió en un caso así "en unos márgenes de apreciación razonables y razonados".

Alude a que el cambio en la planimetría del parque natural de Cabo de Gata-Níjar que logró el Gobierno andaluz en 1997 para integrar El Algarrobico en región D2 o urbanizable ahora fue calificada por los tribunales como una "triquiñuela" y un seguir "clamorosamente opuesto al ordenamiento jurídico" por sospechar una "modificación por la vía en verdad".

"El PORN de 1994 no contenía una indefinición en las protecciones que justificara los cambios en su planimetría y cartografía en la manera en la que se realizó. Por tanto, no existía una justificación lógica ni razonable para esto, con lo que su actuación queda fuera del ámbito de la doctrina del margen de tolerancia y por consiguiente son precisamente antijurídicos", resalta.

Por otro lado, para Azata, la resolución del Consejo Consultivo de Andalucía donde se apoyó la Junta para desechar su reclamación de indemnización "reconoce de manera expresa" que hay "una compromiso familiar" asimismo del Ayuntamiento puesto que las Normas Subsidiarias de Carboneras de 1998 "debían haber excluido el campo ST-1 del desarrollo urbanizador".

Añade, por consiguiente, que esto "comportaría una eventual compromiso derivada del cambio de planeamiento", lo que debe apreciarse como "completamente extraño", según recalcó el Consultivo, al hecho de que el hotel se edificó "ilegalmente, infringiendo la Ley de Costas".

La promotora asimismo repudia el razonamiento del Gobierno andaluz de que los daños habrían sido "resarcidos" a través de el retracto que, según resalta, "jamás hubiese ejercitado si no podría haber sido por la presión de las organizaciones ecologistas y mediática que existía en 2006 sobre la construcción del hotel" puesto que "no tenía ningún interés ambiental en el campo ST-1 antes de esa fecha".

"Es claro que, desde la visión medioambiental donde el retracto legal ejercido por la Junta de Andalucía se ubica, el importe depositado se corresponde con el valor de adquisición de las fincas y es, al fin y al cabo, el valor que la Ley pide agradar, pero en este momento nos encontramos en otra visión.

La indemnización que debe resarcir los daños sufridos ha de ser tal que la víctima quede indemne, hay que generar una reparación total del daño", traslada la demanda.

Precisa, en esta línea, que para saber el "valor reparatorio" hay que tener en cuenta otros causantes y puntos como los "datos patrimoniales, morales y personales" y cree que las proporciones que fueron consignadas por la Junta "no se acomodan a la verdad jurídica y material que existe en el lote en el momento en que se realizó el retracto" y que "difícilmente" le resarce el pago del valor de un suelo en 1999 "en el momento en que aún no había iniciado su avance urbanístico".

Por último, la promotora de El Algarrobico afirma al TSJA que los métodos sustanciados en la Audiencia Nacional, en los que se desechó la indemnización, no están conectados con esta reclamación ni existe "cosa juzgada" en tanto que los primeros se referían al expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre en 1995 y sus presuntas irregularidades en la tramitación.

Añade que en ellos no se ha abordado "la arbitraria y también irregular modificación" de la normativa ambiental en Cabo de Gata-Níjar, específicamente del PORN de 1994, o la inclusión del campo de manera "incorrecta" en las Normas Subsidiarias de Carboneras y sus "secuelas" para el avance del campo ST-1 sobre el que se edificó el hotel.

La ampliación de demanda atrae al TSJA que se reconozca y declare la compromiso familiar de las gestiones demandadas de manera caritativa, y que se reconozca el derecho de Azata Patrimonio a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y por las lesiones patrimoniales y morales ocasionadas.

Solicita al tribunal que se concreten las proporciones que deberán abonar la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras basado en la prueba practicada y a la opinión económica de los daños y perjuicios sufridos, introduciendo la indemnización por daños morales.

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