El conflicto en torno al hotel construido en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), continúa en el foco de atención. La empresa promotora, Azata del Sol, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se siga con la ejecución forzosa de la sentencia que insta al Ayuntamiento a revisar la licencia municipal de obras, paso crucial antes de proceder a la demolición.

Greenpeace ha pedido la suspensión del proceso, argumentando que el suelo del hotel ha vuelto a estar urbanizable tras la anulación de la modificación del PGOU, lo que podría afectar a la validez de la licencia de construcción. Sin embargo, Azata del Sol defiende que la revisión de la licencia puede llevarse a cabo sin necesidad de que el ayuntamiento cumpla con otras exigencias.

El TSJA había requerido al alcalde de Carboneras que iniciara el proceso de revisión de la licencia, pero posteriormente revocó la modificación del PGOU que clasificaba el suelo como protegido. Greenpeace ha pedido la suspensión del proceso de demolición, argumentando que, al considerarse urbanizable nuevamente el paraje, la licencia podría mantenerse válida según la normativa urbanística vigente.

El Ayuntamiento ha manifestado su intención de llevar a pleno el acuerdo para revisar la licencia una vez organizada la nueva corporación. El actual alcalde, Salvador Hernández (Cs), asegura que el acuerdo de pleno es crucial y que se iniciará de inmediato el proceso establecido por la sentencia.

El proceso judicial en torno al hotel de El Algarrobico se divide en dos ejecuciones forzosas: una referente a la modificación del PGOU para reflejar su carácter no urbanizable, y otra relacionada con la revisión de la licencia de obras como paso previo a la demolición. La sala ha anulado la desclasificación del suelo, argumentando que pretendía evadir la sentencia.

Greenpeace ha pedido al TSJA que sancione al alcalde de Carboneras con multas hasta que se cumpla con las sentencias. La Junta de Andalucía ha instado al ayuntamiento a revisar la licencia de obra para proceder a la demolición del hotel, asegurando que es crucial para restaurar la zona protegida desde 1994.

El Tribunal Supremo ha determinado que es necesario revisar la licencia de obras antes de proceder a la demolición, garantizando así el interés económico, social y legal de las partes involucradas. La mercantil Azata, promotora del hotel, sigue defendiendo sus reclamaciones ante los tribunales por responsabilidad patrimonial.