• miércoles 05 de octubre del 2022

La recaudación neta del Impuesto de Patrimonio medra en Andalucía un 8% hasta julio en comparación con 2018

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SEVILLA, 22 Sep.

La recaudación neta del Impuesto sobre el Patrimonio creció un 8,25% en Andalucía en siete meses del año en curso 2022 en comparación con todo el ejercicio 2018, último donde hubo un gobierno socialista adelante de la Junta de Andalucía.

De enero a julio del año vigente la Junta de Andalucía amontona una recaudación neta de 85,49 millones de euros al tiempo que en todo el ejercicio 2018 los capital generados por el Impuesto sobre el Patrimonio fueron de 78,97 millones de euros, 6,5 millones mucho más en estos instantes, con el ejercicio por terminar y en el momento en que el Gobierno andaluz termina de aprobar el Decreto-ley 7/2022 por el que bonifica al cien% la liquidación del impuesto que se lleve a cabo en 2023 sobre este ejercicio.

El Gobierno andaluz alterará la Ley de Tributos Cedidos de la Comunidad a fin de que en la situacion del Impuesto sobre el Patrimonio "con posterioridad a las deducciones y bonificaciones reguladas por la normativa del Estado se va a aplicar, sobre la cuota final, una bonificación autonómica del cien% de esa cuota si esta es efectiva".

Según los datos de la Intervención General de la Junta de Andalucía a los que ha accedido Europa Press, la previsión inicial para este 2022 es que el Gobierno andaluz ingrese 103,19 millones de euros por este tributo.

En 2018 la previsión de capital de Andalucía por Impuesto sobre el Patrimonio fue de 85,99 millones, prácticamente exactamente la misma cantidad que de enero a julio del año vigente ha colectado ahora la Comunidad Autónoma.

Las estadísticas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) apuntan 2020 como el último ejercicio que proporciona datos sobre el número de declarantes, los capital conseguidos y la cuota media.

En 2020 fueron 16.785 los impositores del impuesto en Andalucía, los capital fueron de 93,34 millones al paso que la cuota media fue de 5.561.

Según los datos de la AEAT, Andalucía fue en 2020 la tercera zona con 93,34 millones en relación recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio tras Cataluña (221,78 millones de euros) y Comunidad de Madrid (201,82 millones).

En el ejercicio 2018, según los datos de la Agencia Tributaria, el número de declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio fueron 16.048, el ingreso fue de 81,86 millones y la cuota media de 5.101 euros.

En la comparativa andaluza entre 2022 y 2018 son un 4,59% mucho más de impositores al tiempo que la cuota tributaria creció un 9%.

En la literatura del Decreto-ley 7/2022 el Gobierno andaluz arguye que con la bonificación al cien% de la cuota del impuesto persigue "captar la Comunidad Autónoma de Andalucía mucho más talento con aptitud inversora" y desde ahí promover "la actividad económica andaluza y la creación de empleo".

A juicio del Ejecutivo autonómico, esta figura tributaria "ha influido de forma negativa en la consecución del propósito descrito", mientras que menciona la rivalidad que existe por cuanto "por el momento no existe en otros países de la Unión Europea o en la Comunidad de Madrid".

"Con la supresión de la tributación eficaz del Impuesto sobre el Patrimonio, se quiere que la gente físicas confirmen en Andalucía su vivienda fiscal", esgrime la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz trabaja con la iniciativa al hallar futuros impositores por IRPF "compensar la pérdida recaudatoria por el Impuesto sobre el Patrimonio con el aumento de recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".

Con el líder de "las poco halagadoras perspectivas económicas en un medio plazo anunciadas en todo el mundo y la inflación en España, donde la tasa de variación de forma anual del IPC en el mes de agosto fué del diez,5%", la Junta de Andalucía apela al empleo del decreto-ley por "la excepcional y urgente necesidad de la adopción de esta medida".

"La no utilización del decreto ley para la aprobación de esta medida en el Impuesto sobre el Patrimonio acarrearía una demora de un año en su app por los impositores andaluces, o sea, hasta la declaración pertinente al ejercicio 2023, a llevar a cabo en 2024, siendo tal consecuencia indeseable y contraria al propósito primordial de la regla", remacha su argumentación el Ejecutivo autonómico.

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