SEVILLA/MADRID, 14 de noviembre

Este viernes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo una serie de registros en la sede de una compañía ubicada en Sevilla, en el contexto de una investigación relacionada con el conocido como 'caso Koldo'. Esta indagación, que se encuentra bajo la tutela del Tribunal Supremo, ha generado un gran interés mediático y político.

Fuentes relacionadas con el caso, citadas por Europa Press, han señalado que los operativos de la UCO no solo se limitaron a Sevilla, sino que también se realizaron registros en las sedes de Acciona en las ciudades de Bilbao y Madrid. Estas acciones corresponden a un procedimiento que ha sido declarado secreto, y que pone de relieve las posibles irregularidades vinculadas al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Además de las acciones en Acciona, la UCO se trasladó a otra firma con sede en Sevilla para solicitar información adicional, mientras que también se realizaron operaciones similares en dos empresas ubicadas en San Sebastián, en el País Vasco, como parte del mismo proceso de investigación.

El informe elaborado por la UCO fue fundamental en los acontecimientos que llevaron a la dimisión de Santos Cerdán de su cargo como diputado y secretario de Organización del PSOE; actualmente, Cerdán se encuentra en prisión provisional. Este documento señala la existencia de posibles irregularidades en la adjudicación de obras, junto con menciones al cobro de comisiones que involucrarían al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al asesor Koldo García.

En el informe, los investigadores apuntan a que las actividades ilegales supuestamente iniciaron en Navarra, área donde Cerdán y García mantienen vínculos estrechos vinculados a la política local. Asimismo, la UCO ha observado una relación continua entre Koldo García y Acciona desde 2015.

La UCO identificó un proyecto de explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón como el punto de inicio de la investigación, donde Acciona formó parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto con una compañía menor, Servinabar. Estos hallazgos llevaron al Tribunal Supremo a recabar información adicional para evaluar diversas UTE que habían colaborado con Acciona.

Es importante destacar que Santos Cerdán ha estado bajo custodia desde el 30 de junio, acusado de ser el presunto líder de una trama de corrupción en el sector de la obra pública dentro del 'caso Koldo'. Sin embargo, el magistrado a cargo del caso, Leopoldo Puente, ha indicado en varias ocasiones su intención de permitir la liberación de Cerdán antes de que se cumpla el periodo legal de seis meses, que finaliza el 30 de diciembre, tras asegurarse de preservar las pruebas necesarias.

Por su parte, tanto Ábalos como Koldo permanecen en libertad bajo ciertas condiciones mientras se aproxima un juicio por una supuesta trama de mascarillas. Entre las medidas cautelares impuestas, se encuentra la prohibición de salir del país y la obligación de presentar su pasaporte, además de tener que comparecer en el juzgado cada dos semanas. Estas mismas restricciones se aplicaron al exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, así como al propietario de Servinabar, Antxon Alonso, quien tiene una relación personal con Cerdán.