En un nuevo giro de los acontecimientos relacionados con el sector de los hidrocarburos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una serie de registros en la mañana de este lunes en diversas localidades españolas, incluyendo Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo, en el contexto de la investigación que involucra al empresario Víctor de Aldama, quien se encuentra bajo sospecha por presunto fraude.

De acuerdo con informaciones obtenidas por Europa Press, los agentes de la UCO han realizado una intervención en una empresa ubicada en Calatayud, Zaragoza, que está asociada con un socio cercano a De Aldama, identificado como un presunto intermediario en el denominado 'caso Koldo'. Este hecho resalta la complejidad de la trama investigada y las conexiones que podrían existir entre los diferentes actores involucrados.

Las fuentes consultadas han proporcionado detalles sobre el registro específico que se ha llevado a cabo en la empresa de Luis Alberto Escolano, ubicada en la calle San Miguel de Calatayud. Este hecho indica que la UCO está buscando conectar los puntos entre las entidades y los individuos que podrían haber estado involucrados en actividades ilícitas.

Además de las intervenciones realizadas en Calatayud, se ha constatado que los registros también se han extendido a diversas ubicaciones, aunque los informes no aclaran si estos lugares están directamente relacionados con Escolano. Todo esto forma parte de la investigación más amplia que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien está indagando sobre posibles fraudes en el sector de los hidrocarburos.

Es importante señalar que la actividad de la UCO coincide con la declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, donde fue citado a comparecer en calidad de investigado en relación con el 'caso Koldo'. En paralelo, el juez Leopoldo Puente está examinando posibles irregularidades en las adjudicaciones realizadas durante la pandemia para la adquisición de material sanitario, lo que eleva aún más la gravedad de la situación.

En octubre, el juez Pedraz dictó prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas, quienes son sospechosos de haber participado en un fraude a la Hacienda Pública que asciende a 182 millones de euros. Aunque De Aldama fue liberado después de su declaración, Rivas permanece privado de libertad, lo que sugiere que la investigación aún está en sus primeras fases.

La causa, que se mantiene bajo secreto de sumario, investiga a ambos empresarios como presuntos líderes de una organización criminal dedicada a actividades fraudulentas, junto con María Luisa Rivas en un papel de subdirectora, así como otros cómplices y testaferros que ocupan posiciones dentro de las juntas directivas de las empresas suministradoras implicadas en la investigación.