• lunes 26 de septiembre del 2022

Las familias de múltiples ex- altos cargos condenados a prisión en los ERE piden su indulto

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SEVILLA, 16 Sep.

Las familias de múltiples exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados a prisión por su papel en el trámite concreto a través del que fueron canalizados fondos autonómicos para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a compañías han alto escritos al Ministerio de Justicia, pidiendo el indulto con relación a sus respectivas penas de cárcel.

En primer rincón lo hicieron, recordémoslo, los familiares del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, culpado a seis años y un par de días de prisión y 15 años y un par de días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a cargo del sistema de financiación de los ERE, una sentencia condenatoria en relación a 19 de los 21 ex- altos cargos socialistas de la Junta juzgados por este tema.

La familia de Griñán formalizó tal radical frente al Ministerio de Justicia poco una vez que el Tribunal Supremo comunicase a fines de julio que había afirmado totalmente su condena, o sea antes que este pasado miércoles fuera notificada de manera oficial la sentencia completa de esa instancia, en relación a los elementos de casación interpuestos frente a la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Los familiares del expresidente andaluz basan su solicitud de indulto parcial, en relación a la pena de prisión derivada del delito de malversación, "de manera expresa en causas de humanidad y igualdad", esgrimiendo que el expresidente andaluz es "un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria escencial" y que "tras mucho más de 40 años al servicio público desde las mucho más altas responsabilidades, nunca obtuvo remuneración alguna diferente de su sueldo como funcionario", descartando cualquier "enriquecimiento personal ni familiar".

También ha formalizado una solicitud de indulto la familia del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo; sobre el que pesa una lástima de siete años y un día de prisión y también inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día, por un delito continuado de prevaricación en certamen medial con uno continuado de malversación.

En su solicitud de indulto parcial, la familia de Vallejo relata singularmente el voto especial emitido por 2 de los cinco integrantes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargada de solucionar los elementos de casación interpuestos contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

En ese voto especial, las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo distinguen, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban una parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la compromiso de la malversación; y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin saber ni formar parte de forma directa en el reparto final de los fondos.

"Una cosa es asumir y aprobar un sistema concreto para 'hacer más ágil' y para poder una 'mayor velocidad' en la concesión y pago de las ayudas sociolaborales a los trabajadores y a las compañías en crisis (...) Y otra cosa muy distinta es que los acusados extraños a la referida consejería (de Empleo) tuviesen conocimiento de que una parte de esos fondos estuviesen siendo organizados de manera dolosamente fraudulenta", apuntan estas magistradas, estimando que la actuación de cinco de los condenados por malversación "no cubre la tipicidad subjetiva" que necesita el delito de malversación, en referencia al dolo, "ni aun en la modalidad de dolo eventual apreciada por la Audiencia de Sevilla".

Tal situación, específicamente, influye en especial en las tipificaciones aplicadas a Griñan, Francisco Vallejo, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

"Para tres jueces, Vallejo ha cometido el delito de malversación y es culpado a siete años de prisión, para 2 magistradas, no ha cometido delito de malversación y ha de ser absuelto, tal y como si un individuo pudiese ser al mismo tiempo semiinocente y semiculpable o semiabsolvible o semicondenable", examina la familia del exconsejero Vallejo en su solicitud de indulto parcial.

En cualquier situación, la familia de Vallejo protege que "la contundencia de los razonamientos que refleja el voto especial no puede ser ignota en el momento de pronunciarse sobre la concesión del indulto", recordando que las magistradas autoras de este voto especial piensan, textualmente, que "el tribunal de instancia (la Audiencia) no ha razonado probatoriamente que los acusados extraños a la Consejería de Empleo realizaran el tipo propósito de la malversación"; y que por este motivo se habría incurrido en una "vulneración con su condena al derecho primordial a la presunción de inocencia", entre otras caracteristicas.

También ha pedido el indulto la familia del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez; una vez que frente su recurso de casación a su condena inicial a manos de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el Supremo acordase achicar su pena de prisión al ver la atenuante analógica de reparación del daño. Al aspecto, más allá de que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla condenó a Márquez a siete años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta; el Supremo redujo su pena de prisión a tres años, mucho más siete años y medio de inhabilitación absoluta.

Igualmente, ha pedido el indulto frente al Ministerio de Justicia la familia del ex- directivo general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, culpado a seis años y medio de prisión por un delito continuado de prevaricación en certamen medial con uno continuado de malversación; al objeto de evitar su entrada en prisión.

Con relación a estas necesidades de indulto altas al Ministerio de Justicia, se ajusta a todas las partes pedir o no a la Audiencia de Sevilla, como órgano emisor de la sentencia inicial condenatoria, suspender la ejecutoriedad de las penas de cárcel en espera de que sean resueltos los expedientes que corresponden a estas peticiones de indulto.

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