SEVILLA, 17 de septiembre.

Javier González de Lara, líder de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), aseguró este miércoles que la imposición por parte del Gobierno de atender a clientes en idiomas distintos al castellano, como el catalán, sería una medida negativa para las grandes empresas españolas, pues generaría un gasto adicional que afectaría a sus empleados.

El también vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España (CEOE) hizo estas declaraciones durante una entrevista en Canal Sur Radio, al ser consultado sobre la reciente propuesta de Junts, la cual busca que los servicios de atención al cliente en Cataluña ofrezcan la opción de utilizar el catalán, sin importar la ubicación de la sede de la empresa.

Esta iniciativa, defendida por la formación independentista, afectaría específicamente a aquellas compañías que cuenten con más de 250 trabajadores y reporten ingresos anuales superiores a los 50 millones de euros, así como a aquellas que brinden servicios de interés general.

González de Lara indicó que, aunque aún no se conoce el alcance total de esta propuesta, ya tiene claro que no es algo favorable. Criticó que el Gobierno actual continúe imponiendo cargas adicionales a las empresas, en contraste con las recomendaciones de la Unión Europea, que abogan por facilitar y simplificar los procesos.

El representante de la patronal andaluza lamentó que, en este país, "todo se hace a costa de las empresas". Señaló que la política actual parece ser "págalo tú", al imponer la obligación de utilizar idiomas diferentes al castellano. Aunque reconoce que esta medida puede presentar ventajas simbólicas, consideró que sus implicaciones financieras son difíciles de prever y que sin duda repercutirán en el funcionamiento de las compañías.

No obstante, González de Lara precisó que puede haber justificaciones para que ciertas medidas lingüísticas sean aplicables, como en el caso de empresas del sector financiero que operen en Cataluña, pero advirtió que no se comprenden con la misma claridad en otros contextos. Hizo hincapié en que es fundamental evaluar el impacto de esta normativa, tanto en su alcance como en la carga económica que representará.

El presidente de la CEA también tomó un momento para criticar otras iniciativas gubernamentales, como la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37 horas y media a la semana. Aseguró que estas propuestas, aunque lucen bien ante el público, en realidad se imponen a costa de las empresas. Hizo hincapié en la necesidad de cuestionar quién soportará el costo de tales medidas, enfatizando que si se estableciera esta reducción, el impacto económico superaría los 32.000 millones de euros, una cifra considerable que hasta ahora se ha evitado gracias a la falta de avance de la iniciativa en el Parlamento.

Para finalizar, el presidente de la CEA destacó que cualquier carga adicional que se coloque sobre las empresas termina afectando no solo su viabilidad, sino también la de los trabajadores, puesto que son las empresas las que generan empleo y sostienen la competitividad del país.