"Los abogados del cabo fallecido en Cerro Muriano (Córdoba) apelan al tribunal militar para evitar el juicio"

La familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años y natural de Adamuz (Córdoba), y el soldado Carlos León Rico, de 24 años y natural de El Viso del Alcor (Sevilla), quienes fallecieron durante un ejercicio en la base militar de Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre, han recurrido ante la Audiencia Provincial el auto de inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba a favor del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla. Según los abogados de la familia, los hechos constituirían un homicidio con dolo eventual y, por lo tanto, deben ser juzgados en la justicia ordinaria y no militar.

Los abogados Francisco José Pérez y Antonio Granados han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba. Argumentan que los hechos que condujeron a las muertes de los dos militares no pueden considerarse delitos militares y deben ser juzgados en la justicia ordinaria, que ofrece mayores garantías procesales. Además, sostienen que no se pueden llevar a cabo dos procedimientos sobre los mismos hechos, ya que eso sería una doble persecución penal.

Los abogados también señalan que los instructores del ejercicio no tomaron las medidas de seguridad adecuadas y que era ampliamente conocido que el desarrollo de la actividad presentaba riesgos. Destacan que el cabo Jiménez, condecorado y con amplia experiencia militar, no pudo superar las adversidades climatológicas debido a la falta de medidas de seguridad. Además, explican que las mochilas que debían funcionar como flotadores no cumplían con los estándares necesarios y llevaban un peso extra, lo que aumentó el riesgo para los militares.

El caso se encuentra aún en el Juzgado de Instrucción número 4, pendiente de resolución de los recursos presentados. Los tribunales superiores, la Audiencia Provincial de Córdoba y el Tribunal Central Militar, deberán determinar qué juzgado debe ser competente para juzgar los hechos.

Francisco José Pérez ha declarado que el objetivo de este procedimiento es lograr justicia y asegurarse de que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. En este caso, el Juzgado Togado Militar ha imputado a un capitán, a un teniente y a un sargento por un presunto delito contra la eficacia del servicio, debido a las negligencias en las medidas de seguridad durante el ejercicio en el que fallecieron los dos militares.

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