Crónica Andalucía.

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Los propietarios de pisos turísticos piden que el decreto de la Junta proteja sus derechos.

Los propietarios de pisos turísticos piden que el decreto de la Junta proteja sus derechos.

La Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (Avva Pro) ha exigido una mayor garantía jurídica y protección de los derechos de los propietarios en la implementación del decreto sobre viviendas de uso turístico aprobado por el Gobierno andaluz a principios de este año.

Según este decreto, la Junta ha iniciado el proceso de revocación de un total de 2.445 propiedades turísticas del Registro andaluz de Turismo, con 721 en Sevilla, 617 en Cádiz, 435 en Málaga, 316 en Granada, 140 en Almería, 87 en Huelva, 79 en Jaén y 50 en Córdoba. Este decreto reconoce la autoridad de los ayuntamientos para establecer limitaciones, prohibiciones o condiciones basadas en razones urbanísticas como la ubicación o zonificación.

El vicepresidente de Avva Pro, Nacho Chaves, ha destacado la importancia de que los propietarios tengan la oportunidad de ser escuchados y presentar alegaciones ante los llamamientos de los ayuntamientos para eliminar viviendas de uso turístico que incumplen los planes generales de ordenación urbana después de modificaciones.

Chaves ha advertido que si no se protegen los derechos jurídicos de los propietarios, el proceso de aplicación del decreto sobre viviendas turísticas podría resultar en litigios y en una carga adicional de procedimientos legales para los gobiernos municipales y autonómicos.

Desde la asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos andaluces insisten en la importancia de salvaguardar los derechos de los propietarios, exigiendo que, una vez notificado el incumplimiento, se les dé la oportunidad de presentar sus argumentos antes de proceder a la eliminación del registro.

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, afirmó el pasado martes en una rueda de prensa que la Consejería de Turismo está trabajando con los municipios para implementar esta normativa autonómica de manera individualizada. Destacó un procedimiento que concluye con la revocación de la licencia para operar como vivienda turística a partir de una declaración responsable, asegurando que la Administración da audiencia al interesado y, si se determina algún incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana u otra normativa, se revocará la decisión inicial de conceder dicha calificación.

El consejero y portavoz enfatizó que, aunque el procedimiento se base en una declaración responsable, se realizará una labor de inspección para verificar su cumplimiento. "La declaración responsable no es una patente de corso, si no se cumple, se eliminará del Registro", subrayó.