SEVILLA, 7 Ene. - En un reciente pronunciamiento, el Defensor del Pueblo Andaluz ha puesto sobre la mesa un serio problema social que muchos sevillanos están enfrentando, especialmente aquellos que habitan en barrios donde se han reclamado cortes de luz. La institución ha expresado su preocupación ante el escaso progreso en la búsqueda de soluciones, reiterando que tanto la Junta de Andalucía como la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Sevilla están eludiendo sus responsabilidades al no asumir competencias que les corresponden en este problema tan persistente.

En un comunicado emitido por el Defensor del Pueblo, Maeztu ha subrayado la importancia de aplicar un enfoque integral que contemple la situación de Andalucía en su totalidad. La Auditoría realizada por la Junta de Andalucía ha evidenciado la urgencia de realizar modificaciones en la infraestructura eléctrica debido, en buena medida, a la proliferación de enganches ilegales relacionados con plantaciones de marihuana y a una falta notable de recursos. Esta realidad ha sido corroborada por numerosas quejas de los residentes y del tejido asociativo de las comunidades afectadas.

Maeztu ha instado a las autoridades competentes a crear un mapa de riesgos que identifique las zonas con problemas de cortes de luz severos, como Polígono Sur, El Porvenir, Valdezorras, Bellavista, Torreblanca y el Distrito Cerro-Amate. Según sus recomendaciones, se requiere un plan de acción específico para cada uno de estos barrios dañados y la creación de equipos de intervención integrados por profesionales que se ocupen del asunto. La situación actual es insostenible, dado que las acciones emprendidas por las administraciones han demostrado tener un efecto práctico muy limitado.

En respuesta a las quejas de los vecinos durante el pasado verano, el Defensor del Pueblo Andaluz había solicitado el 12 de agosto del año pasado informes a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Industria, Energía y Minas, al Ayuntamiento de Sevilla y a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla respecto a sus competencias en este aspecto.

La administración autonómica ha comunicado que se han llevado a cabo ciertas actuaciones como resultado de la Auditoría, destacando que se ha solicitado a Endesa que presente un plan para corregir las deficiencias identificadas y que proponga medidas para prevenir el uso ilegal de las instalaciones eléctricas.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla enfatiza que la Junta de Andalucía es la entidad competente en esta materia. Han recordado que, hasta agosto de 2024, se han realizado acciones de acompañamiento por parte de la Policía Nacional hacia Endesa y sus subcontratas, dado que las intervenciones en el suministro eléctrico pueden conllevar riesgos para el personal involucrado.

La Policía Nacional ha llevado a cabo 18 operaciones dirigidas a incautar marihuana y ha acogido 27 denuncias relacionadas con defraudaciones de electricidad, además de participar en todas las reuniones organizadas sobre este tema entre las administraciones y los habitantes de la zona.

En otra línea, el Ayuntamiento de Sevilla ha limitado su papel a ofrecer la información que la administración autonómica ha proporcionado en relación con la Auditoría efectuada.

La Auditoría externa encargada por la Junta de Andalucía sobre los servicios de Endesa, que se centró en los 56 centros de transformación con mayor cifra de incidencias de los 437 repartidos por los distritos de Sevilla, concluyó que las anomalías en el suministro están vinculadas a conexiones ilegales. Los centros analizados tienen la capacidad suficiente para satisfacer la demanda eléctrica del área, lo que sugiere que el problema no está en la infraestructura, según el documento presentado por la Junta.

La Plataforma 'Nosotros También Somos Sevilla' reportaba a finales de noviembre de 2024 un alarmante total de 1.964 incidencias en el suministro eléctrico durante los seis meses previos, lo que implica una media de 10,67 cortes diarios. Esta plataforma ha señalado que los problemas de suministro persisten especialmente en Polígono Sur, un área que sufre problemas de abastecimiento eléctrico que se han vuelto endémicos y que se superponen a otras dificultades sociales como la delincuencia.

Manuel Rosa, uno de los miembros de la Plataforma También Somos Sevilla, ha expresado su descontento por la situación que atraviesan muchas familias, mencionando que entre los afectados se encuentran personas mayores, niños y enfermos. Rosa enfatizó que Endesa tiene la obligación de garantizar el suministro eléctrico a todos los vecinos que lo contratan, independientemente de los problemas que existan en su infraestructura.

Con el fondo de la Auditoría de la Junta, que mencionó las acometidas ilegales como factor determinante en las incidentes de suministro, Rosa ha criticado que Endesa presenta un resumen ejecutivo que parece diseñado para justificar sus problemas sin ofrecer pruebas adecuadas que respalden dichos informes. Además, la compañía ha alegado inversiones por un total de 3,5 millones de euros dirigidas a mejorar la calidad y seguridad de los suministros en Polígono Sur, lo que ha suscitado más dudas sobre la efectividad de sus acciones y la veracidad de su presentación de resultados.