Crónica Andalucía.

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Magistrados del TC alertan sobre "privilegio de inmunidad" en caso de los acusados de los ERE.

Magistrados del TC alertan sobre

Los magistrados del Tribunal Constitucional César Tolosa Tribiño y Concepción Espejel Jorquera han levantado la voz ante lo que consideran una "suplantación" por parte del Supremo en la estimación de los recursos de amparo y un "mantra jurídico sin sustento racional".

SEVILLA, 4 Jul.

En sus votos particulares conjuntos de las sentencias del Tribunal Constitucional, estos magistrados expresan su desacuerdo con la decisión mayoritaria de estimar parcialmente los recursos de amparo de seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por su implicación en el caso de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas. Argumentan que estas sentencias declaran "de facto irresponsables" a los recurrentes y les otorgan un privilegio de inviolabilidad e inmunidad.

En un comunicado, los magistrados explican su postura contraria a las sentencias del Tribunal Constitucional que han llevado a la liberación de algunos de los condenados, como Francisco Vallejo, Miguel Ángel Serrano Aguilar y Carmen Martínez Aguayo. Alegan que estas decisiones no han respetado los derechos a la legalidad penal ni la presunción de inocencia, y critican la revisión de las sentencias del Tribunal Supremo desvinculada de los argumentos de los recurrentes.

Estos dos magistrados del Constitucional advierten que las sentencias que anulan penas de cárcel están basadas en un "mantra jurídico" sin fundamentos racionales y suponen una suplantación del Supremo. Consideran que la doctrina plasmada exonera a los miembros del Gobierno de la Junta de Andalucía de cualquier responsabilidad respecto a la actividad presupuestaria, lo que pone en riesgo la legalidad y transparencia en el manejo de fondos públicos.

Además, critican que la interpretación del TC haya sustituido la valoración probatoria de los órganos judiciales, dejando sin control el proceso de elaboración y ejecución presupuestaria. Aseguran que ninguno de los condenados estaba amparado por las leyes de presupuestos para cometer los delitos por los que fueron sentenciados.

Estos magistrados señalan que las sentencias del TC han pasado por alto la ilegalidad y arbitrariedad de las ayudas otorgadas, y cuestionan la justificación basada en la existencia de leyes de presupuestos para cometer esos delitos. En el caso de algunos condenados, como Marúnez Aguayo y Antonio Fernández, consideran que la decisión del TC desestima los argumentos clave de los recursos.

En definitiva, estos magistrados conservadores alertan sobre la grave situación creada por las decisiones del Tribunal Constitucional que han llevado a la liberación de algunos condenados por corrupción en Andalucía, poniendo en entredicho la legalidad y transparencia en el manejo de fondos públicos.