Marlaska anuncia barreras móviles en el Guadalquivir para frenar narcotráfico con 12 millones

El Ministerio del Interior ha confirmado la instalación de barreras móviles en el río Guadalquivir, con una inversión superior a los doce millones de euros. La medida responde a la necesidad de reforzar el control en las rutas fluviales, tras un año de tramitación y coordinación con la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Este proyecto surge en un contexto de creciente preocupación por la actividad de narcotraficantes en la zona, especialmente tras el fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil en una persecución en Huelva. La iniciativa busca reducir la navegación de narcolanchas y mejorar la eficacia policial en la lucha contra el narcotráfico en los ríos andaluces.

Desde el Gobierno se insiste en que la implementación de estas barreras forma parte de una estrategia integral que incluye el uso de inteligencia policial y colaboración con otras instituciones, como la Armada. Sin embargo, la medida también se ha visto envuelta en debates políticos, con críticas del PP sobre la gestión y la percepción de riesgo en las operaciones de seguridad.

En el ámbito político, la polémica se ha centrado en la respuesta del Ejecutivo ante los incidentes y la necesidad de fortalecer recursos y unidades específicas, como la recuperación de la unidad OCON-Sur, eliminada en 2018. La situación refleja las tensiones entre los partidos respecto a la prioridad y el alcance de las políticas antidrogas en la comunidad.

El contexto actual muestra un aumento en las operaciones policiales en el sur, con un incremento del 12% en actividades relacionadas con la lucha contra el narcotráfico desde la desaparición de algunas unidades. La perspectiva futura apunta a una mayor coordinación interinstitucional y a la posible ampliación de las medidas de control en otros puntos estratégicos de Andalucía.

En definitiva, la inversión en barreras móviles en el Guadalquivir busca consolidar un enfoque preventivo y reactivo ante el desafío del narcotráfico, en un escenario de creciente presión social y política por garantizar la seguridad en la región.