El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha afirmado recientemente que, como sistema sanitario, se encuentra preparado para afrontar una posible situación complicada, aunque se reconoce que esto conllevaría un notable aumento en la demanda de servicios asistenciales. Esta declaración llega en un contexto donde cerca de 322.000 andaluces se verán afectados por la decisión de las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV de no participar en la licitación del concierto para ofrecer asistencia sanitaria a través de Muface, la mutualidad que da servicio a los funcionarios.

Desde Sevilla, la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha elevado la estimación de personas perjudicadas por esta situación a alrededor de 400.000, incluyendo tanto a funcionarios como a sus familiares. España ha subrayado que las comunidades autónomas se encuentran a la espera de que el Gobierno central tome decisiones para encontrar una solución a este problema que afecta a todas las regiones del país.

Las fuentes del SAS han reiterado la necesidad de recibir instrucciones del Ministerio respecto al conflicto que ha surgido entre Muface y las compañías aseguradoras. Aunque los responsables de salud en Andalucía afirman estar equipados para enfrentar la situación, también advierten que un incremento significativo en la demanda asistencial podría complicar aún más el panorama. Las autoridades han remarcado que aquellos que opten por cambiar a la sanidad pública en vista de la incertidumbre podrán hacerlo según el procedimiento que defina el Instituto Nacional de Seguridad Social.

En respuesta a la decisión de las aseguradoras, el Gobierno ha planeado lanzar una nueva licitación para la prestación de asistencia sanitaria bajo Muface, dado que la actual ha quedado desierta. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha confirmado que este nuevo proceso de licitación está en marcha y que todos los mutualistas continuarán recibiendo asistencia bajo los términos previamente establecidos, citando las prórrogas y mecanismos que la Ley de Contratos del sector público permite.

De los 322.868 funcionarios andaluces inscritos en Muface, un 20% de ellos, lo que equivale a 62.023 personas, ya reciben servicios sanitarios a través de la Seguridad Social. El resto se distribuye entre Adeslas, que atiende a 109.774, Asisa con 105.838 y DKV que cuenta con 45.227 afiliados, además de seis funcionarios registrados en DKV Internacional. Es curioso señalar que Adeslas ha decidido participar en los conciertos de las mutualidades de Justicia (Mugeju) y del Ejército (Isfas), mientras que DKV ha optado por no presentarse a ninguna de las dos convocatorias.

La decisión de DKV de no participar también se extiende a Mugeju, y la compañía ha comunicado que su ausencia se debe a previsiones de pérdidas de 77 millones de euros en un periodo de dos años. Este monto es comparable a lo que experimentó en el último concierto, que tuvo una duración de tres años. DKV ha argumentado que el modelo de financiamiento actual es insostenible, ya que el costo de las prestaciones médicas ha superado en más del 10% la prima que reciben.

Asisa, por su parte, ha confirmado su decisión de presentarse solo a los conciertos de Isfas y Mugeju, dejando de lado Muface. La aseguradora ha indicado que en Muface no se cumplen las condiciones necesarias para continuar con el modelo de mutualismo que desean mantener, aunque asegura que en los otros dos ámbitos se pueden dar esas condiciones mínimas.

Asisa ha declarado: “A pesar de nuestra firme voluntad de mantener la vinculación con Muface, la falta de una financiación adecuada, sumada a requisitos de cobertura más estrictos que los del Sistema Nacional de Salud, y el abandono de otros competidores, imposibilitan nuestra continuidad en el modelo sin poner en grave riesgo la solvencia de nuestra compañía”.

El 8 de octubre, el Gobierno lanzó la nueva licitación para las tres mutualidades, con un incremento en las primas del 17,12% durante los próximos dos años. En un primer intento, el aumento propuesto fue del 14%, cifra que las aseguradoras consideraron insuficiente y las llevó a amenazar con retirarse de las negociaciones, exigiendo un aumento del 40% para evitar profundizar sus pérdidas financieras.