En un claro ejemplo de la 'puerta giratoria' entre la política y las empresas privadas, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado el reciente nombramiento del exviceconsejero de Salud andaluz, Miguel Ángel Guzmán, en una aseguradora privada. García expresó su preocupación al ver cómo el dinero destinado a la salud de los andaluces termina en una entidad privada, mientras Guzmán se beneficia de esta relación.
La ministra no dudó en calificar esta situación como parte del problema de corrupción en el ámbito de la sanidad, evidenciando presuntos favores y tratos de favor. Según informes, Guzmán habría otorgado contratos millonarios a la misma empresa que ahora lo ha contratado, lo que ha generado polémica en la opinión pública.
García destacó la importancia de estar atentos a casos como este que afectan la sanidad pública, especialmente durante la pandemia, donde los recursos deben destinarse a la atención de los ciudadanos. Lamentó que el dinero no haya sido utilizado para paliar las enfermedades de los andaluces, sino para beneficiar a una empresa privada.
Ante las crecientes críticas, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, aseguró que el gobierno regional tomará medidas si se comprueba la incompatibilidad en la contratación de Guzmán. Pidió prudencia a la espera de los resultados de la investigación, recordando casos similares que han sido archivados en el pasado.
En una entrevista radial, García admitió que hubiera sido conveniente realizar una consulta previa antes de la contratación de Guzmán, para evitar posibles conflictos de interés. Afirmó que la noticia tomó por sorpresa a su departamento, lo que dificultó una evaluación previa de la situación.
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