SEVILLA, 14 de noviembre. En un clima de creciente tensión, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha arremetido contra el Gobierno de Juanma Moreno, acusándolo de "agredir a las víctimas" tras la solicitud de la Junta a la Asociación Amama para obtener datos sobre fallos relacionados con el cribado del cáncer de mama. Este requerimiento, que fija un plazo de diez días para la entrega de información, ha encendido el debate en torno a la gestión de la sanidad en Andalucía.

García, a través de sus redes sociales, expresó su indignación afirmando que "no importa si se trata de un ataque terrorista, un desastre ambiental o incompetencia en el ámbito sanitario; lo habitual es que el PP opte por atacar a las víctimas". Este reproche se refiere específicamente a la demanda hecha a la asociación, que busca información sobre los casos de retrasos en la realización de pruebas diagnósticas a mujeres cuyas mamografías no habían sido concluyentes.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) emitió un escrito formalmente dirigido a Amama, en el que se solicita "toda la información, documentación o testimonios" de posibles inconvenientes en el programa de detección precoz de cáncer de mama en la región, estableciendo un plazo de diez días hábiles para su respuesta.

El contexto de esta solicitud se agrava con la reciente confirmación por parte de Ángela Claverol, presidenta de Amama, de que la asociación ha presentado ya 25 denuncias relativas a mujeres de Sevilla y Jaén que desarrollaron cáncer debido a fallos en la comunicación del programa de cribado. La Junta ha estimado que 2.317 mujeres podrían estar afectadas por estos problemas.

Claverol enfatizó que su organización ha documentado numerosos casos de pacientes con cáncer de mama que podrían presentar reclamaciones al SAS. Las cifras varían considerablemente por provincias, con 189 casos en Sevilla, seguido de otras cantidades menores en Almería, Córdoba y Granada, lo que incrementa la preocupación sobre la precisión de las estadísticas oficiales.

Además, la presidenta de Amama ha señalado que las cifras proporcionadas por la Junta no coinciden con la realidad, alegando que continúan recibiendo nuevos casos y que ya superan los 4.000. Por su parte, la Consejería de Sanidad ha reducido la cifra de mujeres afectadas a 217, que todavía aguardan pruebas, con el compromiso de la Junta de que se realizarán antes del 30 de noviembre.

En su comunicación, la responsable del SAS sostiene que el requerimiento busca asegurar una revisión exhaustiva de los casos no detectados y prevenir el alarmismo social derivado de información no corroborada. La confidencialidad de los datos aportados está garantizada, limitándose su uso a investigaciones administrativas y mejoras en la calidad asistencial.

Valle García, directora gerente del SAS, argumenta que este requerimiento se fundamenta en declaraciones públicas de Amama sobre supuestos fallos en el programa de detección, sugiriendo que la magnitud de los problemas denunciados es superior a la reportada oficialmente. Asimismo, asegura que la Junta ha proporcionado información precisa y verificada en las comisiones de seguimiento del programa.

Por último, García hace hincapié en que las cifras manejadas por Amama no coinciden con los registros clínicos oficiales, lo que exige una pronta aclaración debido al potencial impacto en la salud pública. Este requerimiento se basa en las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la necesidad de colaboración establecida por la legislación vigente.